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América, esa España lejana. (4).La España ilustrada.

15 diciembre 2010

IV

LA ESPAÑA ILUSTRADA

De textos diversos, y muy en especial, los Diarios de Jovellanos, surge lo que Serailh denomina galerías de instantáneas de hombres, entrevistas en su marco natural y en sus ocupaciones familiares”. Se revela el espíritu nuevo que irradió desde Madrid y las grandes ciudades a todo el país. Se traslucía el afán de progreso y una cierta sencillez deductiva que impulsó la ciencia práctica, originada en el sentido común y la experiencia, más que en la conjetura y la hipótesis. Además de los esfuerzos individualizados tuvieron buena parte en ello las “Sociedades Económicas”. De este origen institucional brotaron nuevas ideas que hicieron avanzar la química, la agricultura, la medicina, e incluso las manufacturas y la mecánica. Sobre Cádiz hay un testimonio de Laborde, muy elogioso, aunque menos directo que el de Jovellanos. Este gran puerto sería una de las ciudades en que las costumbres son más suaves y la manera de vivir más agradable.”

“Reina aquí un desembarazo en los modales, una nobleza en la conducta, una cortesía en el uso ordinario de la sociedad, un tono en la buena compañía que no se encuentra en ninguna otra parte de España. Aquí reciben con cordialidad a los extranjeros…Las tertulias son muchísimas y amenas…Las fiestas brillantes y aún suntuosas…Este lujo se extiende a todos los objetos, vestidos, coches, cosas, muebles, caballos, criados, mesas…los gaditanos buscan mucho el placer, no sin entregarse por completo a los negocios durante una parte del día…” No debe esta definición, inducir al error de considerar superficial y ajeno a las preocupaciones y a través de la ciudad el modo de vivir de las minorías. Como lo hemos indicado, existe un activo interés por los “estudios nuevos”, y las mejoras en las condiciones de las ciudades y los ciudadanos. Ocasionalmente, hay aparición a las reformas, como la de la enseñanza redactada por el fiscal Campomanes, rechazada por los “artistas” y los catedráticos en general. Por las observaciones de Desdevises y Samaill acerca de los dos censos que hubo en el último tercio del siglo XVIII. Desde el de 1.768 la población aumentó en más de un millón y medio de habitantes, según recoge el de 1.787, llevado a cabo por orden de Carlos III. En esta fecha, en el reino, poblado por 10.268.150 habitantes existen dos ciudades de más de 100.000 vecinos, Madrid y Barcelona; siete de más de 40.000, Sevilla, Valencia, Cádiz, Málaga, Granada, Zaragoza y Murcia; y alrededor de unas treinta de más de 10.000…  En esas grandes metrópolis o esas humildes aglomeraciones conviven las diversas clases sociales: nobles (ricos o pobres), burgueses, obreros, mendigos y vagabundos. Allí es donde  “hay que buscar la clase verdaderamente rica e interesante de la nación. Allí se encuentran los hombres más instruidos y más inteligentes, los que aprenden y progresan”… La estructura es predominantemente agrícola. Los grandes hacendados residen en los centros urbanos más importantes, y en la Corte se amontonan los propietarios de mediana fortuna. De esa cierta e irracional falta de uniformidad se deriva la incoherencia relativa de las instituciones. La gran masa de trabajadores y la no menos importante de desempleados, mendigos y “vagos”, que se consideran plaga perpetua en España, no son protegidos por las Instituciones, que permiten un salario y un trabajo ínfimos. Ello no impide la escandalizada protesta del mismo Jovellanos, quejoso, en 1.798, cuando escribe a su amigo el arquitecto Villanueva, del coste salarial de los peones, mamposteros y labrantes que construyen el Instituto de Gijón.

En general, las ordenanzas no determinaban el número de horas diarias de trabajo; en Sevilla se prohíbe para los aprendices antes de las 4 de la mañana y después de las 8 de la noche. Un reglamento de 1.771 para los secadores de paño de Segovia fija la jornada en once horas. Los obreros de manufactura de tabaco trabajan nueve horas. La jornada, en Barcelona, es de siete horas. La costumbre de “guardar el lunes”, es censurada por Campomanes, en su “Discurso sobre la  educación popular de los artesanos”, y Torres Villarroel, en sus “Sueños” a la manera quevediana denuncia la “asidua frecuentación de tabernas donde los obreros se emborrachan y juegan su dinero”. A partir de 1.740, las corridas de toros vuelven con fuerza, y  José Ortega y Gasset y José María de Cossio citan en sus “Papeles sobre Velazquez y Goya” y “Los toros en la poesía castellana”, cómo la gente empeña hasta la camisa para poder ir a los toros. Jovellanos protagonizaba la línea antitaurina. La existencia de artesanos, obreros, empleados, tenderos y similares, es mediocre y grosera. Un edicto de 1.774 prohíbe a los gremios celebrar sus fiestas en días de trabajo. Este deseo de diversión contrasta con la frugalidad ponderada por los observadores del pueblo. Sin embargo, Ward, en su “Proyecto Económico” observa que “hay ciertas virtudes morales mal entendidas, que son vicios políticos y sirven de gran estorbo a la industria. La frugalidad de nuestros españoles es en gran parte a causa de su desidia el que se contenta con poco en comer y vestir, si gana en tres días con qué vivir 6, no trabajará sino los tres”.

En socorro de la “gente noble” se fundan Montepíos, y, en 1.773, existen en Sevilla, Madrid, Jaén y Granada. Para fomentar la enseñanza se funda en 1.780 el Colegio Académico del Noble Arte de las Primeras Letras, para la formación de maestros. Se inauguran ocho escuelas en Madrid y se ordena a alcaldes averiguar el estado de la enseñanza primaria en sus jurisdicciones, e indicar al Gobierno qué localidades carecen de escuela. A raíz de la expulsión de los jesuitas, el Obispo Climent funda en Barcelona, en 1.767, diez escuelas gratuitas, ocasionando un auténtico vendaval en el Ayuntamiento. Jovellanos lucha por ello mismo en Sevilla, siendo un joven magistrado. Las sociedades económicas se preocupan igualmente por la cultura popular, fundando escuelas de primeras letras o las llamadas “escuelas patrióticas”, especie de institutos de artes y oficios. Los “Amigos del País” se preocupan de los libros que deben leer los niños, y construyen manuales escolares,  extractados de autores como BUFFON y NOLLET. Campomanes señala la necesidad de proscribir la lectura en las escuelas de “Romances de ajusticiado” porque “produce en los rudos, semilla de delinquir y hacerse ladrones…” Jovellanos sugiere la difusión de unas obras de Tomas de Inarte y Escoiguiz.

Una Real Orden de 1.749 prohibió la limosna, lo que no impidió la publicación de los mendigos y las eclusiones pestilenciales de 1.801. Meléndez Valdés y Feijoó deploran sistemáticamente la materia, el robo, la “vaguería”. Los hospicios recogen mendigos y desamparados, y los Ayuntamientos y Gobernadores recomiendas su protección o su castigo, según los casos. Hay expresiones en 1.772 de Barcelona, y, tras las Reales Ordenes al 1.777 y 1.778, los vagos y delincuentes son expulsados de Valladolid. La Justicia es dura y azoga, corta manos y da garrote. Hay muchos asesinatos, de los que el embajador Marqués de Auberrete se queja durante los últimos años del reinado de Fernando VI. El de “inseguridad ciudadana” no es concepto nuevo, según vemos. Y dice “el Consejo de Castilla no ordena ejecutar ninguna sentencia de  muerte sin la aprobación del soberano. Desde que el rey enfermó no se ha llevado a cambo ninguna ejecución; esto es lo que da lugar a tan frecuentes crímenes…” Meléndez Valdés en su acusación fiscal de 14/06/1798 señala:

Aquí en la Corte, una insaciable disipación atiza todas las pasiones, persuade todos los excesos, disculpa y da calor hasta al mismo delito, y arrastra a codiciar y arrebatar lo ajeno; todo lo amenaza y con todo acabará

Y añade:

los robos cunden y se aumentan por todas partes escandalosamente… las personas se ven atropelladas…” para acabar señalando cómo en las ciudades conviven dos clases de seres humanos de especie opuesta, “dos diferentes pueblos, uno de ciudadanos y otro de siervos degradados”. “Monotonía y sujección”, deplora Labarrús, en su Cartas, tras citas con Carlos III se quejaba, días antes de morir, de que le hubiesen dejado ¡cinco horas! sin un caldo. Las instituciones se resquebrajan con el ya tan condenado trío que formaron Carlos IV, su mujer, María Luisa y su favorito Godoy, “cuya esponja –dice Jovellanos- chupó… la espantosa porción de la fortuna pública que todos saben, y que, por desgracia, se nos escapó con este insigne ladrón”. Los accesos a altas funciones de Estado por quienes no parecían aptos a ellos se denuncian con el paradigma del Conde de Lerena, ministro, “hombre no sólo iletrado sino falto de toda clase de instrucción y conocimeientos en todos los ramos” –dice Jovellanos en sus “Diarios” – “cuya asombrosa metamorfosis le sacó del mostrador de una tienda a la tabla de la tienda pública, y como no entendía de nada, hubo de valerse de todos, y entre ellos echó mano de los contadores llamados Aquilar e Iparraguirre, cagatintas de profesión…”, según el autor de “Cartas Público-Económicas”. En 1.718, en su Etat présent de l´Espagne, el abate de Vayrac descubría, entre setenta y seis grandes de España, media docena “Cuyos talentos e ingenios fueran dignos de elogio” –cita Sarrailh. Los aristócratas, protegidos por circunstancias históricas hábilmente manipuladas para transformarlas en hechos permanentes, sólo simularon amar la cultura después de 1.789. Desde Jovellanos a Ortega y Gasset, en sus “Papeles sobre Velázquez y Goya” la galería de espectros y bufones es interminable entre la mal llamada “nobleza”, apoyada por los sahumerios de tanto arrivista pseudo intelectual como abunda en los círculos del poder. La seriedad en los estudios “son circunstancias de la cultura, pero no constituyen su esencia”, el “noble” va al extranjero con frecuencia –siempre el mismo ritual de petrimetre- y regresa “esmaltando su conversación con voces francesas o atroces y ridículos galicismos”.

El alto clero sostiene si bien parcialmente, la auténtica Ilustración. Las excepciones, no obstante, son sangrientas; en 1.796, Felipe Vallejo, arzobispo de Santiago logra que la Inquisición prolongue la prisión de Salas, profesor salmantino, contra el que guardaba antiguo resentimiento. El Oviedo se opone a los progresos del Instituto de Jovellanos, en Gijón, como hizo el de Lugo, a quien recuerda aquel que debe promover, los estudios que usted llama profanos, y que yo llamo útiles porque en ellos se cifra la abundancia, la seguridad y la prosperidad pública, porque con la ignorancia ellos destierran la miseria, la ociosidad y la corrupción…” Esa hostilidad contra la cultura viene recogida por el padre Isla, cuando “los obispos que las familias a los que no tuvieron de obispos más que el título… y que … a lo sumo sólo sirven para que los retratos adornen las paredes”.

No es más halagüeño el panorama que sobre los funcionarios e instituciones en general cabe observar. A finales del XVIII “Nada más inmóvil que la administración, petrificada en una hosca rutina”. Sarrailh cita a Desdevises: “en la capital abundan los oficinistas cuyos sueldos han de ser precisamente inferiores a sus necesidades y a su vanidad”… que funden “otras tantas familias irreconciliables ya con todo trabajo útil”. El censo de 1.787, “esa gran pieza de autos contra el Gobierno” que ha aumentado en veinte años ocho mil ochocientas personas a las empleadas en la Real Hacienda. Se destaca el poco interés de los funcionarios y la pésima situación de las oficinas públicas. La arbitrariedad de los funcionarios es proverbial. Bernardo Marín, delegado de la Junta en Madrid, se negó durante tres años a facilitar los datos sobre mercancías extranjeras introducidas en Barcelona en 1.759 y 1.760. En su “viaje de España”, Antonio Pons afirma que “la inobservancia, mala inteligencia y poco celo de los subalternos impiden que… las leyes… tengan los favorables efectos que se4 debían esperar”. Esta inercia de la administración choca incluso con los esfuerzos de Fernando VI o Carlos III para sacudirla, “siguiendo los consejos y enseñanzas de hombres inteligentes y de espíritu moderno, tanto españoles como extranjeros” (Sarrailh). Ello es “motivo para una lucha sorda y tenaz con los elementos burocráticos de toda suerte, para quienes las nuevas reformas representaban lesionamiento de intereses intrusiones, inauditas, rotura de tradiciones y un trastorno general en el plácido disfrute del dominio, la prebenda y aún la extorsión (a Ruiz y Pablo, Historia de la Real Junta). Las críticas de Jovellanos son impagables, y, junto con las exposiciones de Melendez Valdés, sumamente esclarecedoras. El primero expresa su irritación contra los corregidores de espíritu estrecho”, alcaldes como los de Santander y Peñalba, y jueces. El segundo cifra la esperanza de los nuevos organismos –como la Real Audiencia de Extremadura- en “que va a poder trabajar con según métodos nuevos, ya que, por no tener pasado, tampoco tiene trabas que le estorben; poniendo así de manifiesto el harto temor a los condicionamientos impuestos por las ya denunciadas rutinas y corruptelas en el actuar, apoyado por los grupos de presión política de influencia en decisiones incluso privativas de la administración de justicia. También se detectas choques entre los gremios y las sociedades económicas, que representan el “espíritu moderno”, que postulan la reforma de ordenanzas gremiales, y a las que también se oponen instituciones que, como ciertos Ayuntamientos, proclaman su adscripción inquebrantable al pasado. El, por otras cosas grande, Menéndez y Pelayo, defendió este edificio integrista en su reflexión posterior sobre el XVIII, con notoria parcialidad. “No convenía se hiciese novedad”, es frase que, en 1.770, pudo oponer el Ayuntamiento de Barcelona contra el Obispo Climent, revelando una vez más la paradoja de una defensa laica del factor religioso formalista y externo. Tradición que, en pedagogía y cultura universitaria, recogen los catedráticos, “tristes, doctos, pedantes encadenados por la escolástica y hostiles a toda reforma”, dice Torres Villarroel. Después, que el Rey –Carlos III- ordenaba una investigación en las Universidades, la de Salamanca envió, en 1.771, un proyecto de reforma. Este “Plan General de estudios”, se editó en 1.772, con la aprobación del Supremo Consejo de Castilla sólo en parte, pues la facultad de Derecho recibió un nuevo plan redactado por el fiscal, ya que los juristas afirmaron que “en el caso de necesitarse alguna reforma, es empeño de suma arduidad arrancar la cizaña sin lastimar el trigo… y para explicar el derecho no necesita ningún doctor en Salamanca valerse de ajenas producciones… Basta con que la Facultad sea… el baluarte inexpugnable de la religión”. Algo parecido sucedió, como ya apuntamos en otro lugar, con las Facultades de Artes, fieles a Aristóteles, y que no juzgan oportuno dar salida en su plan de estudios a la Física moderna, cuyo estudio sí aceptan en Academias particulares, del mismo modo que rechazan a Newton, entre otros, para los estudios de la moderna Filosofía, ya que si bien disponen al Sujeto para ser un perfecto matemático nada enseñan para que sea un buen lógico metafísico”. Recomienda, en fin,, un estudio tradicional, aun proponiendo un curso especial “conforme a las máximas de nuestro siempre recomendable ingenio el reverendísimo Feijóo. Algo similar aconteció en las Facultades de Santiago, Alcalá de Henares, la Complutense, entre otras. Pese a los intentos en contra de Simposios como el de Oviedo sobre el Padre Feijóo y su siglo –octubre de 1.986- no parece posible descartar, desde una perspectiva política, del siglo XVIII respecto a otros modelos europeos. Ya hemos observado “la conexión Francesa”. Esta, y la de la  “lejana Inglaterra” destaca en la consideración sobre “la importante cuestión” de Gobierno de los pueblos, como dice Sarrailh, aclarando cómo se discute el principio de la monarquía y se denuncian los abusos del absolutismo, y ello con debates cada vez más sonados. Del pensamiento sobre la pésima consideración del despotismo, como algo degradante para la humanidad, se desprende la reflexión del citado Fray benito Jerónimo Feijóo y Montenegro, de quien el poco conocido estudio sobre la literatura política en España de Recaredo F.  de Velasco publicado en 1.925, señala que “de su pluma sale hecho jirones, maltrecho y triturado el bueno de Maquiavelo,… a quien llama “genio irrisorio y satírico… que enseña (a los príncipes) a reinar tiránicamente, o a dominar a los pueblos sin equidad, sin ley, sin religión…”

Ya hacía esta consideración forzosamente crítica y pesimista, Feijóo, en su discurso XII: “el culto más injusto en el mundo es el dispensado a los conquistadores…” tal vez rememorando la irónica tesis de Plutarco en sus “Vidas Paralelas”, al hablar de Pirro. “… el que más gana es el que menos consideración tiene a la justicia”, o aquella curiosa obra, Alfonso VIII, del Padre Andrés Mendo, editada al filo del XVIII:

que los príncipes mandan cuando pecan;

y en la vida culpable de los reyes,

los vicios no son vicios, sino leyes.

La naturaleza y justificación de las leyes, si se pone en duda, imprime, con la fuerza emanada del principio de justicia, ese carácter sacramental, purificador, a la rebeldía. Esa catarsis anotó para España el rasgo histórico de su victoria sobre el invasor, y ese desdén cultural, si bien manipulado, borró aquel vestigio de genio y lo suplió tras la quiebra del espíritu del 1.812, por la tradicional esclavitud moral y semifísica de las masas.

A través de la cultura política se supieron modificar conceptos como el mismo de servicio público, que sólo en la segunda mitad del siglo se aplicó a la educación nacional. La autoridad del Estado se consolida, sobre universidades y escuelas, por las ordenanzas de 1.807 y 1.809 tras la expulsión de la S.J, una Real Orden de 5 de octubre de 1.767 da instrucciones para la confiscación de sus bienes, y traduce la voluntad del gobierno de atender la enseñanza, reorganiza el Seminario de nobles, y, en 1.770, funda los Reales Estudios de San Isidro, ambos en Madrid. Carlos III y sus ministros trabajan activamente en sus reformas. Las preocupaciones científicas y los afanes de organización en general se destacan en esta y otras grandes ciudades. Pero la eclosión política, en su manifestación reseña de representatividad nacional, tiene uno de sus pilares indiscutibles en la gesta de Cádiz. Las posibles soluciones a los problemas sociales “sirven, como la disertación de Antillón ante la Academia de derecho de Madrid, a finales de siglo, a favor de los negros, de punto de partida para los debates de las Cortes de Cádiz, que en la sesión solemne del 2 de abril de 1.811 acabaron por romper los grillos de la esclavitud bárbara. “La pragmática de 19 de septiembre de 1.783 reintegra a los gitanos a la vida civil, declara que no pertenecen a una raza infecta, autoriza su admisión en los gremios y prohíbe a los demás españoles llamarlos “gitanos o cristianos nuevos”, derechos que, aunque por poco tiempo tendrían igualmente los judíos en 1.788. Volverán la Inquisición y la inquinidad. Pero ahí consta el ejemplo. ¿Y qué sucede con el debate sobre el régimen político?. La Junta Central se dispone, en Sevilla, a formar el Gobierno de la Nación, en ausencia del rey. Que la soberanía radicará en el Monarca lo confirma Jovellanos en su “consulta sobre la convocación de las Cortes por Estamentos”: “Es una herejía política decir que una nación cuya institución es completamente monárquica es soberana, o atribuirle las funciones de la Soberanía…” A lo lejos, resuena la voz discordante del mejicano Santiago Felipe Puglia autor de un opúsculo, publicado en 1.974. “El desengaño del Hombre”, contra la monarquía absoluta española. Vendrán luego las polémicas relacionadas con el juramento acatando la autoridad de las Cortes… Se aclara que España ha contado siempre con concilios y Cortes que pedían cuentas a un Soberano… no despótico. El mismo Jovellanos, siguiendo las referencias de las “Instituciones del Derecho civil de Castilla” de los doctores Asso y Manuel, 1.771, recuerda, en su discurso de recepción en la Academia, en 1.780, que la soberanía real ha estado siempre frenada por las Cortes en sus prerrogativas ejecutivas y legislativas. (Más tarde, algún Decreto de Fernando VII iba a ser ignorado por venir sin refrendo de Ministro).

Sin embargo, olvida la tendenciosa memoria de los Borbones en el XVIII para convocar Cortes: sólo para asistir al juramento de los nuevos monarcas, a los cuales debían, a su vez jurar fidelidad. Para ello se reunieron en julio de 1.760 las Cortes de Madrid, con ocasión de la solemne entrada de Carlos III en la capital, y en 1.789, las que reconocieron al hijo de Carlos IV, el futuro Fernando VII, de triste recordación (cifr. Ferrer del Río, en su Historia del reinado de Carlos III).

Las Cortes se ocupan posteriormente, sobre todo, de cuestiones económicas, si bien, en el salón de Reinos, donde se reunían los diputados, llegaron a resonar ciertos ecos de la Asamblea Constituyente Francesa”, como recoge Sarrailh de Salcedo Ruiz, en “La Época de Goya”. Las Instituciones pues, mantuvieron, frente a una minoritaria, aunque activa, ilustración, sus posiciones absolutistas. Poco hicieron los ilustrados anteriores a la fecha revolucionaria de 1.789 para mantener las prerrogativas esenciales de las Cortes en materia de Impuestos y en su consulta en situaciones “graves y arduas”, que les reconocían la primera y segunda ley del título VII de la nueva Recopilación. Y ello es así por cuanto estas leyes se omitieron en la Novísima recopilación. Sólo los ciudadanos de Cádiz, y conspicuamente Martínez Marina –en su “Juicio Crítico de la Novísima Recopilación” y Argüelles –que calificó, esta omisión de “escandalosa superchería” –protestaban por ello. Ni siquiera Jovellanos, quien “recomienda” el respeto a los fueros, magnífico representante de la “minoría ilustrada” habla del despotismo o absolutismo, y, en general, el concepto es de permanencia en una monarquía moderada y casi liberal”. Esto si puede, aunque sólo en parte. Aceptase de Carlos III, hombre consagrado al negocio público. En su época, el Consejo de Castilla, órgano de fundamental importancia en la vida política y administrativa española, está presidido por el Conde de Aranda, famoso desde la campaña de Portugal de 1.702, y artífice de la expulsión de los jesuitas, por considerarlos cómplices en el Motín de Esquilache, organizado para reinstalar en el poder al marqués de la Ensenada, según muestra Ferrer del Río. Con Floridablanca y Campomanes forma el trío más destacada de la Institución, siendo estos dos inicialmente fiscales del mismo Consejo. De su época cabe señalar un orden institucional de la agitación de sus personas. Sólo más adelante brotará el ansia de un gobierno más liberal, En 1.780, incluso se apoya a Carlos III en la defensa de las “regalías” queriendo separar las dos espadas: el dominio del Pontífice y del Rey. De esta época 1.702 procede la institución del ejecutor regio. Si bien el mismo Carlos III suspendió poco después su vigencia.

Esta corriente regalista alcanza su punto más destacado en las Cortes de Cádiz, a partir de la última década del XVIII. Jovellanos critica duramente las lecciones canónicas, aludiendo a que “la defensa de los privilegios eclesiásticos vino a suscitar, desde el siglo VI, no pocas supercherías… “según cita de Fournier en su “Historia de Collections Canoniques en Occident”. Ya al borde del siglo, el 5 de septiembre de 1.799, el rey Carlos IV publica un Decreto, vacante la Sede Papal tras la muerte de Pío VI, en el que invita a los obispos españoles a que “usen de toda la plenitud de sus facultades, conforme a la antigua disciplina de la Iglesia. Es un paroxismo de la “doctrina episcopalista”, tal vez en apoyo de aquel afán por disminuir la autoridad del Papa en asuntos políticos, es decir, un corolario de regalismo que sostienen Universidades, Sociedades Económicas, Magistrados y parte del alto clero. De todo ello cabe destacar, como anticipara el padre Isla, veinte años antes de la reunión, en Francia de los Estados Generales, que a su vez, precedieron en otros tantos a las Cortes de Cádiz, que del regalismo se pasó a la república, al otro lado de los Pirineos, y no sucedió en España entonces tal vez porque el Parlamento español no fue tan audad como las Asambleas Revolucionarias Francesas. La correspondencia del Conde Fernán Núñez, embajador en Paris con Floridablanca, y las transcripciones de los sucesos y comentarios de aquellos y Carlos IV, son reveladoras de una cierta lejanía de las Instituciones, En España respecto a la realidad política; se tomen medidas para proteger al país del contagio de la Revolución prohibiendo, por Real Orden, que los oficiales y los diarios hablen de Francia. Puerilidad que estorba la aceptación de una cierta calidad cultural en el Gobierno, y evidencia un desdén por la libertad. El despotismo toma siempre, aunque sea rutinario y, por su adscripción a la persona que detente la institución, blando, la pérdida de su poder, y arrastre a la arbitrariedad en las decisiones. Así sucedió en la España coetánea con la revolución, y, una vez más, la opinión pública demostró la madurez de un interés por la vida frente a las actitudes medrosas de la Corte y los cortesanos. Pero no hay ejemplo, a las ideas de la Asamblea Constituyente, imputando la responsabilidad de sus posteriores excesos a Luis XVI y sus gobiernos. Con la guerra nace un inicial entusiasmo popular que a poco se deteriora, llega el horror y, en España, tras los escándalos de Godoy y María Luisa, comienza a borrar de un lado, el peso de las instituciones, nublando la historia o aclarándola, según las perspectivas, y, de otra, despertando el sentimiento de libertad que mostrará al mundo –incluso a través de la alianza entre la República Francesa y los Borbones- un modelo de creación política, preludio del gran ensayo de las Cortes de Cádiz.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

TEXTOS CONSTITUCIONALES.

Historia de la literatura política en España.

(Referencia a transcripciones -1.925-Reus-R.F. de Velasco)

España bajo los Borbones, Labor 5ª edición Pío Zabala y Lera.

La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo WVIII F.C.E.1.957, ED. 1.974, Jean Sarrailh.

NEW CAMBRIDGE MODERN HISTORY, ed. Española Sopena.

TEXTOS CITADOS EN LA COMUNICACIÓN, Artículos y notas.

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América, esa España lejana. (3).

15 diciembre 2010

III

Cuando las Cortes de Cádiz…

“Viva el rey Filósofo

viva el rey prudente

y toda la gente

acate su ley”

TALLERES Y CAFÉS

Una de las características culturales más reveladoras de la circunstancia político-histórica de los años que bordean la Constitución de 1.812, es la organización de sociedades secretas, en particular la masonería, y los círculos intelectuales o activistas reunidos en los cafés. Ya anota Menéndez y Pelayo, en su historia de los heterodoxos españoles, cómo la francmasonería pasa de los franceses a los afrancesados, y de éstos a los liberales, si bien su mayor importancia llega en 1.814, por la “necesidad de conspirar a sombra de tejado”. Después de esta fecha constan procesos inquisitoriales contra varios “hermanos” de diferentes logias.

De entonces data la existencia de “talleres de caballeros Rosa-Cruz, y otros, como es de La Estrella, pertenecientes al rito escocés. De ahí proviene la organización del Gran Oriente de España y de las Indias, al que “negaron obediencia las logias establecidas en los puertos independientes, entendiéndose directamente con Inglaterra, bajo cuyos auspicios se había inaugurado el Gran Oriente portugués, en 1.805”. En  una de las logias francesa, la de Sevilla, que funcionó de 1.810 a 1.812 en el edificio de la Inquisición, leyó Alberto Lista, su “oda masónica” –como dice el polígrafo- EL TRIUNFO DE LA TOLERANCIA.

Según cita el Padre Salmerón, siete fueron las logias o escuelas establecidas por los invasores, si bien por el número de las que constan sólo en Madrid, parece que debieron ser más. En Cádiz había dos conocidas, una de las cuales era más afecta a José que al Gobierno de las Cortes”. Cuando el “rey intruso” ideó permanecer como rey, al margen de las dictadas decisiones del caprichoso emperador francés, lo hizo respaldado por los elementos de las logias afectas. Napoleón urdía el desmembramiento de España, anexionando a Francia los territorios que llegan desde la frontera, al Ebro, y dividir la península en virreinatos para sus mariscales. Estos planes excluían a José, su hermano, por lo que hubo de prepararse, con el apoyo citado, una comisión, presentada en 1.811, en Cádiz, por el Canónigo de Burgos, Tomás la Peña, que expuso ante las Cortes la pretensión del hermano de Napoleón. Las Cortes de Cádiz, “a quien esto y en otras cosas fuera injusticia negar el título de grandes” se negó a cualquier apaño que estorbara su soberanía y la corona de “El Deseado”.

De todo ello y como he apuntado, de disposiciones anteriores de la Junta Central –como la suspensión de la enajenación de bienes de manos muertas, comenzada en tiempos de “El Príncipe de la Paz”, o la permisión del retorno de los jesuitas a España como clérigos seculares y otras ya reseñadas –se deduce la firmeza del concepto asumido de representación nacional; procedía ello de una aceptación unánime de las Ventajas de esa Tradición, ajustada principalmente a los antiguos usos y libertades de Castilla y Aragón. Menéndez y Pelayo apunta que un siglo de absolutismo glorioso y de política extranjera y otro siglo de absolutismo inepto habían hecho perder toda memoria de la antigua organización política… “y era sueño pensar que en un día había de levantarse del sepulcro y que con los mismos nombres habían de renacer las mismas cosas, asemejándose en algo las Cortes de Cádiz a las antiguas Cortes de Castilla.”

Obvio es que las ideas que entroncaron la mente colectiva de los constituyentes fueran las del S. XVIII, con esas especiales distorsiones que un acontecimiento tan singular  como la invasión napoleónica impuso. La carga histórica de una política frustrante par aun sentido nacional digno, significaba en los malos reyes o peores gobiernos habidos, hizo aún más extravagante el contenido cultural de los españoles ilustrados. Y la ausencia, larga en el tiempo, de la institución motriz del reino, en la persona del Secuestrado, orientó además, ese pensamiento hacia s forma más eficaz, circunstancialmente, las leyes. Des este modo, se regulaba la vida social, y se definía la autoridad de aquella institución de quien la norma emanaba. El enciclopedismo aislado sirvió, junto con otros módulos de Ilustración para singularizar intervenciones y definir posturas. La conclusión general, no obstante, es que la cultura política se vió orientada por la necesidad de protagonismo institucional. Consolidadas las instituciones se sustituyó la tensión que una laguna tan formidable suponía en la vida del país, por una cierta euforia, que iba a cuidar con esmero las normas, trazadas desde el esquema inicial a la formulación específica de la Constitución, su desarrollo para ampliar ejemplarmente su estructura y su aplicación. Como todas las experiencias que la España le han anticipado a un tiempo histórico no tasado por los dominadores -internos o externos-, ésta también se desarrolló de forma confusa y contradictoria, más allá de su fracaso. De los sucesos que hemos narrado. Alguno de los cuales tuvieron lugar ya desde el primer momento de la instalación de las Cortes “Generales y Extraordinarias”, se deduce la permanencia de tradiciones regalistas –cuyo más notorio ejemplo radica en la negativa del regente-obispo, Pedro de Quevedo y Quintano, empeñado en que las Cortes sólo eran soberanas juntamente con el rey” – la influencia de los conceptos, basados en los mecanismo liberadores de la Revolución Francesa, que el corso invasor no pudo extirpar, aunque lo hiciera más tarde el rey Deseado, y la definitiva expresión política de partidos debatiendo en el foro adecuando sus ideas. Obispos, Inquisición, Universidades eran citados como entes de necesaria consulta en decisiones que se suponían trascendentales, no por sí mismas tan sólo, sino por la quiebra que en una cierta idea de Estado y Sociedad pudieran imponer; así sucedió con la libertad de imprenta, símbolo para unos de prosperidad y como lucha frente a la ignorancia y el despotismo, y para otros, irreconciliable con e dogma católico “en que reside la inmutable verdad”, o frente de difamación y calumnia. Nada hay más relevante que las transcripciones que nos llegan de los discursos entonces pronunciados, y que recoge Toreno en “Guerra y Revolución” y la colección de los Decretos y Órdenes de las Cortes, para conocer el entorno cultural político del tiempo; sucede con los “Diarios de Sesiones, reflejo, a través de los parlamentarios de los pensamientos y preocupaciones de la sociedad. La influencia del eclesiástico quedó, pese a las apariencias, patentizado en lo que constituiría la más formal expresión constitucional: su propio texto. La ilusión constitucional llegó, claro es, a idealizar los cauces de esa relación del hombre con Dios, que se llama religión, pero también, la de 1812 señaló que “la nación española profesaba la religión católica, apostólica, romana, única verdadera, con exclusión de cualquier otra.” Como no pareciera suficiente, se agregó aquel párrafo de Inguanzo: “que el catolicismo sería permanentemente la religión de los españoles, prohibiéndose en absoluto el ejercicio de cualquier otra”. Además, “la nación protege el catolicismo por leyes sabias y justas.” Todo ello daba al traste, de forma paradójica, que como cabe deducir de la proclamación de la libertad de imprenta y en vísperas de abolir la unidad de culto, el proyecto de 1809, presentado por Álvaro Flórez Estrada de la Junta Central de Sevilla, y que proponía que “ningún ciudadano fuese incomodado en su religión, sea la que quiera.” Paradoja sólo explicable merced a la peculiar “manera” de cultura política de los constituyentes, receptores de las influencias sociales de la Iglesia, aunque por otro lado, utilizaron alguna de estas expresiones constitucionales, como la dirección de los asuntos religiosos por sabias y justas leyes, para apoyar la abolición del “Santo Oficio”.

El deseo latente de manifestar lo que el despotismo había prohibido, se dedujo en una eclosión desmesurada de publicaciones. Títulos como “El Duende de los Cafés”, “El Revisor Político”, El Robespierre español”, “El Tribuno Español”, se enfrentaban a “El Procurador General de la Nación y del Rey”, “El Centinela de la Patria”, “El Censor General” o “El Observador”, que defendían el absolutismo, y no es de extrañar la disputa, pues uno de aquellos “El Tribuno Español”, anotaba en su número de salida: “Ninguna víctima hay más grata a Dios que la del Tirano”. Polémica que perduraría años con más virulencia expresiva que aportación de argumentos sólidos, sobre todo en los aspectos que afectaban al dogma y su relación con la forma política de Gobierno y el derecho de legislar con o sin sanción del “Príncipe”.

Cierto es que el momento histórico era idóneo para construir un nuevo edifico jurídico, basado en la renovación política que se imponía. Por ello, un mérito indirecto cabe, como se acostumbra, a la represión y es el de provocar la unión de fuerzas en pro de un objetivo de libertad. En España ello no se alcanzó con homogeneidad ni intensidad suficiente, y ello debilitó el edificio, un tanto utópico, de la Constitución. Fue el principal culpable la falta de sentido del Estado, y un cierto desajuste entre la élite constituyente y el pueblo. La disparidad de acción entre los parlamentarios y sus representados constituye un lugar común de la Historia. Sin embargo, los liberales de Cádiz actuaron con auténtico valor clarividencial, exponiéndose, como se vió más tarde, a la represión y así, excluyendo a los defensores de la plutocracia y el despotismo, representaban con mayor dignidad, aunque este lo ignorase, al pueblo. La cultura política estuvo, en esta ocasión, por encima de las circunstancias. La guerra entre los dos bandos irreconciliables que Menéndez y Pelayo arguye como consecuencia de las reformas de las Cortes fue, si cabe, la fisura necesaria entre un Estado caduco y otro moderno que, lamentablemente, quedó frustrad con el regreso del rey, y la ayuda en su política de los detentadores del poder fáctico, tantas veces destructor de la cultura.

No era, desde luego, culto, el mecanismo de exclusión urdido por unos y otros. Pero de todo ello quedó el símbolo. Y no es de extrañar que muchas de las exposiciones en defensa o justificación del “contrato social”, los jurados, y la intervención del pueblo en la formación de las leyes recuerden las Ideas centenarias de la ciencia política.

Al fin y al cabo, hoy, casi 200 años después, sucede lo mismo, y se habla como si Aristóteles o Crocio no hubieran escrito nunca.

América, esa España lejana. (2).

15 diciembre 2010

II – LAS INSTITUCIONES ENTRE EL MIEDO Y EL GENIO.

Génesis y desarrollo de la cultura política


En nuestra época, próxima a fenómenos que presentan caracteres paradójicos: la contracultura, como estadio singular de la evolución social; la apatía emanada del descrédito que los gestores políticos y sociales dejan como casi exclusivo patrimonio; la nueva gesta, que como el cantar se alza en los mass media, glorificadores de héroes; los centros intelectuales, promotores de congresos donde se rememoran o establecen paradigmas…es preciso intentar definir de qué estamos hablando.

No me atreveré yo a hacerlo como experto, sino al contrario: como diletante ¿Por qué? Porque mi condición, certera o no, es que la cultura es un modo de ver la vida y sus cosas, y que, también, “la culture c’est comme la confiture, moin on y a, plus on l’etable”. Esto de ostentar como si mucho se tuviera lo censura ya el refrán; “Dime de que presumes…” Hablamos de muchas culturas y se le ponen nombres: “cultura etnológica, “cultura crítica”, “industria in cultura”,…¿significan algo los nombres? Antes de que Umberto Eco hiciera famosos los símbolos, la semiótica, Borges había escrito, en uno de sus sonetos:

Si como dice el griego en el Crítilo el nombre es arquetipo de la cosa,

en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo es la palabra Nilo

Pero ello no excusa la censura al capricho, y a la inexactitud, tampoco implica la verdad o la identificación del término con su contenido.

De la logomaquia al nominalismo tal vez haya que poder por la nada. Y para evitarlo, es preciso al menos conocer hasta qué punto es importante distinguir. Cuando el Collége de France envió en 1.985 al Presidente de la República, sus Propositions pour l’enseignemente de l’avenir, defendía la unidad de la ciencia y la pluralidad de las culturas. ¿Quiere esto decir que también la cultura es algo relativo? En cierto modo, como también, la cultura es algo relativo lo es el saber y la ciencia? De ella, dicen que es una de firmes cimientos ¿lo es?

Se ha demostrado que lo que llamamos ciencia es tan relativo como lo que llamamos cultura. Lo que, por otro lado, en nada turba su excelencia. El errar es confundir lo relativo, que admite y exige la crítica, con la oportunidad que determinadas estructuras sociales y políticas, por tanto, dan a lo vulgar, lo turbio, lo estúpido, para competir ventajosamente. Es decir, para ganar la batalla de lo promiscuo. La cultura no es ostentosa, pero sí selectiva. No en el número, al menos como principio de los elegidos, sino en su calidad. Los que abogan por la normalización cultural marginada sin brillantez de la crítica, son heraldos de unfarenheit 451, aunque lo ignoren. Pero no es el mercado quien reprime o extirpa las conciencias: son los poseedores de conciencias frágiles, sumamente venales, que ocupan esos puestos más o menos encumbrados, a través de los cuales se maneja el mundo. Es un error considerar la demanda de cultura como algo ajeno a la oferta. El problema de nuestro país ha sido y es un problema de cultura. Y por acertar una supuesta demanda cultural, ínfima, se le forma parte del engendro. Los decisores sociales, una cierta especie de dirigentes de opinión. Se extinguirán cuando la oferta cultural supere en calidad y cantidad a la demanda el nuevo mercado contradirá las leyes del antiguo, porque el individuo pensará y decidirá críticamente, cultamente.

¿Cómo era esa cultura política en la época de las cortes de 1812? ¿Cuáles eran las instituciones imperantes? ¿Cómo funcionaban? Recordamos que en la organización de la resistencia a invasor francés por las juntas provinciales había predominado el espíritu religioso. La Junta Central desde su comienzo en 25 de septiembre de 1808, en Aranjuez, manifestó las tensiones político-culturales de sus componentes.

Desde los primeros momentos, la Junta Central encontró oposición en el Consejo de Castilla. No era extraño, pues el Alto Tribunal juzgaba ilegales las juntas Provinciales, cuya extinción proponía, así como la convocatoria de Cortes para nombrar regente. Sin embargo, en las fechas críticas de agosto de 1.808 se había dirigido a estos organismos cuya ilegalidad propugnaba, manifestando su deseo de que el Gobierno se “arreglase por diputados de las Juntas, reunidos al mismo Consejo”*. La misma idea de convocar Cortes y construir regencia la propuso Jovellanos**, dentro de la Junta Central, a la razón presidida por el Conde de Floridablanca, con 35 vocales-representantes y para cuyo pleno se adoptó el tratamiento de majestad, simbolizando así la monarquía cuyo gobierno sustituía.

En noviembre del mismo 1.808, un mes después Napoleón cruza el Bidasoa y avanza sobre Madrid. Ello obliga a un cambio de residencia y la Junta Central se dirige a Badajoz, si bien, llegando a Trujillo, modifica su decisión y se traslada a Sevilla.

Ya en 1.809, en plena guerra, el 19 de Noviembre, la derrota de Ocaña abrió Andalucía al Invasor, y en 1.810, tras la caída de Granada y Málaga, entra José I en Sevilla, el 1º de Febrero y puso sitio a Cádiz. En esta ciudad el Duque de Alburquerque había organizado una eficaz defensa. Ya en los primeros días de enero de este 1.810, la Central se había refugiado en la isla del León, huyendo, no sólo de Bonaparte, sino de quienes les achacaban los desdichados rumbos de la guerra.

Tras abandonar los Centrales de la ciudad, se constituyó en Sevilla la antigua Junta Suprema. También Cádiz creó su Gobierno independiente. A la vista de ello, la Junta Central cedió su poder a un regencia compuesta por cinco individuos, a saber: el Obispo de Orense, Pedro de Quevedo; el Ministro y Consejero de Estado, Francisco Saavedra; el Capitán General, Francisco Javier Castaños; el Ministro de Marina, Antonio Escaño; y el Consejo de España e Indias, Esteban Fernández de León, que fue sustituido, por hallarse muy enfermo, por Miguel de Lardiazabal. El 29 de Mayo todos los miembros de esta regencia estaban en Cádiz.

Magna había sido la tarea de la Junta para la construcción de un cuerpo legal que dirigiera la orfandad política de la Nación.

Como Floridablanca murió poco después de su instalación en Sevilla, los partidarios de la convocatoria a Cortes, una vez desaparecido el principal enemigo a la limitación del poder real por el popular, plantearon como cuestión prioritaria aquella convocatoria. Es cierto que apoyaba su idea la explícita declaración de Fernando VII, quien desde Bayona había expedido un Decreto, fechado el 5 de mayo, dirigido al Consejo Real, o en su defecto, a cualquier Chancillería o Audiencia, en el que, por su privación de libertad, declaraba como “su real voluntad que se convocasen las Cortes…para atender a la defensa del Reino, y que quedasen permanentes para los demás que pudiera ocurrir.” Este proyecto de congregar a los representantes de la nación no modificaba la tesis de Fernando acerca de la limitación de actuación de las Cortes a la defensa del territorio y la restauración de los antiguos usos, Fueros y costumbres, en tanto en contraste con Calvo de Pozas y quienes opinaban que se hací urgentísimo informar al país de que la lucha por la independencia debería implicar el establecimiento de un régimen constitucional que consagraba los derechos del ciudadano, como había reclamado la inicial revolución de Francia. Y ese espíritu engendró el que había de representar el de 1.812.

Jovellanos, tras el planteamiento de Calvo de Rozas para la convocatoria a Cortes, en abril de 1.809, y una vez señalado el primer día de 1.810 para ello, consiguió que por la Junta Central se acordara el llamamiento por brazos (nobleza, clero y pueblo), y la división en dos cámaras: la Alta o aristocrática y la Baja o popular. Todo este esfuerzo fue atacado por el consejo de España e Indias, al impugnar la autoridad de las Juntas Supremas y la Central, y proponiendo una Regencia, como igualmente hizo, en el mismo 1.809, la Junta de Valencia. Este Proyecto entró en la misma Junta Central, al proponerlo su vocal Francisco Palafox, y poco más tarde, el marqués de la Romana. No obstante, lo cual, una comisión Ejecutiva establecida por la Junta Central comenzó sus actuaciones a fines de 1.809, y a su través quedó definitivamente fijada la fecha de convocatoria de Cortes para 1º de enero de 1810, y el 1º de marzo para el comienzo de sus funciones.

Tras el ya descrito confusionismo que después de la invasión de Andalucía por los ejércitos de José Bonaparte se produjo, la Junta cedió su poder en la regencia de cinco miembros, para cuyo mejor funcionamiento aprobó un reglamento en el que se obligaba a la protección de la libertad de impuestos, hasta la proposición a las nuevas cortes de una ley Fundamental sobre la materia. En un Decreto de 29 de enero disponía que la celebración de Cortes anunciada para 1º de marzo “sería el primer ciudadano de la Regencia, si la defensa del reino, en que desde luego debe ocuparse lo permitiese. También disponía las convocatorias individuales a arzobispos y obispos y a los grandes de España. Las provincias de Ultramar estarían representadas por diputados suplentes, como las provincias en territorios ocupados por el Invasor. Las cortes se dividirían en dos estamentos: popular y de dignidades.

La regencia, tras pactar con la Junta de Cádiz el hacerse cargo de las rentas de la Corona, asumió las cargas públicas y judiciales del Gobierno y el mantenimiento de la resistencia y los ejércitos, con lo que se centralizaba la administración efectiva. Sin embargo, por diversas circunstancias, esta decisión no resultó demasiado eficaz.

La renovación de la organización política española que había de ser el destino de aquéllas Cortes de Cádiz, sufrió aún demoras. Previsiblemente por el desagrado con que los regentes aceptaron la obligación de reunir Cortes, excusaron su urgencia alegando ignorancia respecto a los acuerdos definitivos de la Junta Central sobre la convocatoria por brazos o estamentos, conjunta o separada. En junio de 1.810, varios diputados representados por Guillermo Hualde y el Conde de Toreno, solicitaban la inmediata reunión de la representación nacional, extremo confirmado igualmente por la Junta de Cádiz. La regencia evacuó consultas, entonces simplemente dilatorias al Consejo de Estado y al Consejo de España e Indias. Finalmente, se acodó convocar sin distinción de brazos –decisión contraria al carácter conservador del órgano del que dimanaba el acuerdo- y la reunión, por tanto, en una sola cámara.

Habría 23 representantes suplentes por las provincias ocupadas, y 30 por América, cuyos poderes, como los del resto de los diputados, habrían de ser revisados por una comisión de cinco de ellos previamente controlados por la Regencia.

El día 24 de septiembre de 1.810, los 105 diputados salieron del Palacio de la Regencia, en la ciudad de San Fernando. En la Iglesia de la Isla, hicieron solemne juramento de conservar la religión católica y la integridad de la canción española, los derechos de Fernando VII y sus sucesores y guardar las leyes de España, sin perjuicio de altera, modelar y variar a aquellos que exigiese el bien de la nación”.

Siguiendo la tradición histórico-religiosa, de invocación Ceremonial, entonaron el Veni Sancto Spiritu y el Te Deum, tras lo que pasaron al Salón de Sesiones del teatro de la Isla, habilitado para tan solemne representación. El primer acto consistió en el discurso del obispo de Orense, tras el que cedió al alto discernimiento y luces de las Cortes la elección y nombramiento de presidente y secretarios de aquél Augusto Congreso. La regencia abandonó el estrado depositando sobre la mesa su dimisión. Las Cortes eligieron como Presidente a Ramón Lázaro De Dou, y como secretario a Evaristo Pérez de Castro. Luego, el antiguo Rector de SALAMANACA Y DIPUTADO POR Extremadura, Diego Muñoz Tomero pronunció el Discurso que originó el Decreto de 24 de septiembre. Esta primera disposición Legislativa, emanada de su autoridad otorgaba y reconocía que en las Cortes residía la soberanía nacional, jurando a Fernando VII como único y legítimo rey. La renuncia hecha en favor de Napoleón se reputaba nula. Los poderes del Estado, separados, se asignaban a las Cortes –el legislativo- y a la regencia –el ejecutivo. Quedaba establecida la inviolabilidad de sus representantes y confirmados todos los tribunales y justicias del reino, y todas las autoridades.

De estos primeros movimientos asamblearios y de las reacciones que respecto a los nuevos órganos de decisión se produjeron cabe deducir aún ciertas irregularidades respecto a las estructuras institucionales y la cultura política del momento. Así el concepto de Soberanía Nacional, atribuido a las Cortes por su propia autoridad, no fue aceptado por el Obispo de Orense, miembro de la Regencia, quien se negó a prestar el consabido juramento, renunciando a sus cargos de regente y diputado.

Cuando, cuatro meses más tarde, tras la instrucción de causa en su contra y otros incidentes, lo prestó  “lisa y llanamente”, a nadie se le ocultó la reversa mental, con que lo hacía y que había de reproducir el conflicto un año después, más agudamente. Hasta el 20 de febrero de 1.811, fecha en que las Cortes funcionaban en la Isla del León, se dictaron disposiciones por las que se asignaban a las Cortes el tratamiento de Majestad, y de Alteza, a la Regencia y los Tribunales Supremos se reconoció al ejecutivo las facultades necesarias para la defensa, seguridad y administración del Estado, ordenándose, así al principio informador constitucional, sobre la materia.

La disminución del prolíficamente normativo mes de septiembre de 1.810 prohibía a los diputados durante el tiempo de su ejercicio y un año después, solicitar, ni admitir por sí, ni por persona alguna, empleo, pensión, gracia, merced ni condecoración de la potestad ejecutiva”. Este ejemplo de ordenación de la ética política sólo se ha traslucido muy parcialmente en la herencia moral de los contemporáneos, y refleja el espíritu de la nueva era instituida. Como lo fue al margen de la idea imperial, y de la autorización de nacionalidades, la confirmación del “inconcluso concepto de que los dominios españoles en ambos hemisferios habían de formar una sola y misma Monarquía, una sola y misma Nación, y una sola Familia”, consecuencia de lo cual seria la igualdad, de derechos para los naturales de la Península y los dominios europeos o ultramarinos. El 10 de noviembre se publicó el Decreto sobre libertad de imprenta. Este interesante proyecto declaraba la libertad de todos para escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión y aprobación anteriores. N os e suprime, por obvios motivos, el delito de imprenta, para juzgar los cuales se instituyeron Juntas de Censura. La discusión de este proyecto fue decisiva para definir las agrupaciones políticas de la Asamblea y para distinguir desde entonces a los reformistas, o liberales de los anti-reformista o serviles, como los llamó D. Eugenio Tapia, agravando la denominación con la separación silábica: ser-vil. El centro lo ocupaba el partido americano, liderado por José Mejía.

El año de 1.811, tras ver aprobado el reglamento de régimen interior de las Cortes, comenzó con un Decreto en que “se declaraba nulo todo acto, tratado convenio o transacción que otorgare el Rey mientras permaneciera falto de libertad ó confirmando así las plenas soberanía que representaban. En el mismo mes de enero dictó un reglamento provisional del poder ejecutivo, lo que ratifica la tendencia de las Cortes a invadir las esferas propias de los demás poderes, que había suscitado la renuncia, en octubre de 1.810, de la primera regencia.

En febrero, se decretó la igualdad de americanos y peninsulares en el derecho de representación en las Cortes y el de poder optar a toda clase de empleos, destinos. Pocos días después, el 20, se celebró en la Isla la última sesión y el día 24, tuvo lugar la primera, ya en la ciudad de Cádiz, aposentándose los futuros constituyentes en la Iglesia de San Felipe Neri.

Antes de la discusión del artículo constitucional, que duró de Agosto de 1.811 a Marzo de 1.812, cuyo día 18 se promulgó, se había constituido la comisión presidida por Muñoz Torrero, el 2 de marzo de 1.811. Aparte del trabajo redactor de esta comisión, hubo antes y después de las “fechas constitucionales”, y hasta el 14 de septiembre de 1.813, en que terminó la actuación de las Cortes extraordinarias de Cádiz, un curioso número de decretos y órdenes emanados de la Asamblea Constituyente. El mismo mes de Agosto de 1.811 conoció el Decreto por el que se incorporaban a la Nación todos los señoríos jurisdiccionales y quedaban abolidos los dictados del vasallo y vasallaje, lo que era de esperar como reacción frente a la experiencia de vasallaje por el invasor.

En la misma fecha se suprimirán las pruebas de pobreza para el ingreso en las Academias y colegios militares. Tanto había probado su valor aquella facción no aristocrática del país, frente al deterioro y afrancesamiento de la nobleza, que esta decisión, más que espíritu democratizador manifestaba el reconocimiento de los hechos y la rectificación de lo que se consideraba idóneo. Y de entonces data el primer presupuesto español de Estado, cuyos gastos e ingresos se sometían al Control de la Asamblea.

A partir de este momento, la Constitución de 1.812, que en tantos puntos refundiría estas normas, habría de atraer, por méritos propios, la atención y el interés de la política y la cultura, combatida, como suele, por los elementos antirreformistas suscitadotes del absolutismo anticonstitucional, apoyado por el delirio de un pueblo ajeno a su propio interés, veleidoso y manipulable. Y sobre todo, despreciado por un Rey, Fernando VII, cuya indignidad sólo pudo ser soportada por adláteres no mucho más dignos, y cuyo juramento tardío no fue más sincero que el del ya desterrado obispo de Orense.

La Historia de España, desde entonces, se entristece por el deterioro de la auténtica cultura política, sustituida por el interés y el medro. La fluctuación solidaria iniciada por las constituyentes de los años anteriores se quebró y casi hasta la fecha de aquel fracaso, urdido a medias por malas leyes y peores gobiernos, se derivó la crisis cultural de España, hecho que confirma una tesis poco baladí: de los excesos y la intemperancia política nace la reacción liberal, pero esta reducida minoría carece de la fuerza que sólo la organización del Estado posee para elevar la cultura del pueblo, y con ella, su dignidad.


* PÍO ZABALA.- “España bajo los Borbones”, pág. 235.- Labor 1.955. ()ª Edición).-

** A.H.N. Papeles de la Junta Central…y Memoria en defensa de la Junta Central” …Jovellanos (BAE).

América, esa España lejana. (I).

15 diciembre 2010

AMERICA, ESA ESPAÑA LEJANA

¿Qué pueblo se halló en el inicio de la modernidad lanzado a verter su energía vital en empresas sin conexión ni traba interna?

… Sólo España puedo descubrir, conquistar y colonizar América…

(C.S. Albornoz)

“Vuestros destinos ya no dependen de los ministros, ni de los virreyes, ni de los gobernadores. Están en vuestras manos.”

(La Junta Central, en 1809, proclamando la igualdad de derechos de americanos y españoles)

AMERICA, ESA ESPAÑA LEJANA

Difícilmente puede sorprender la elección de las Américas como primera referencia histórica al momento preconstitucional de Cádiz. La vocación política española, destacada en el siglo XVII, motivó la herencia que recogieron los americanos. Por ello, sus decisiones están transidas de política, cuestión que invade los mundos cotidianos y las reflexiones de la cultura.

Cádiz llegó a la fama imperecedera por “su” Constitución. Pero esta se forjó perfectamente en una ciudad que fue adelantada hispánica hacia las Américas, cuyo descubrimiento y colonización impulsaron su economía. Tras la próspera etapa del comercio americano, la emancipación de las colonias la sumió en extrema languidez. Y de ella surgió, económicamente, por el desarrollo de la industria naviera, y socio-políticamente por haber sido asiento de las Cortes Constituyentes de 1.812 y cuna de la Revolución de 1.868.

Nada debe explicarse fuera de su contexto. La estructuración funcional que impuso España hizo de la administración en América el primer fruto de un país moderno. Para el independentismo no fue tan solo una excusa, por tanto, el secuestro del rey Fernando VII por Napoleón, sino la cumbre de un edificio tradicional. Pero, después, los partidarios del viejo orden político miran con preocupado asentimiento las decisiones de las Cortes de Cádiz. Ganaría el “nuevo orden”, como suele. El sistema republicano venció los intentos, algo confusos del Conde de Aranda. Para establecer monarquías diferenciadas; que mantendrían una comunidad dinástica. De ahí, de esa influencia, viene la importancia que en el momento preconstitucional de Cádiz, tiene América.

Las constituciones nacen, como todo organismo vivo, cuando se ha cumplido un ciclo del tiempo y comienza otro diferente. Y quieren nacen con personalidad libre, con propia y firme independencia. Para informar más que para ser informada. Para informar más que para ser informada. Para interpretar más que para ser interpretada. Y estos son principios sin cuya aceptación y respeto el nuevo cuerpo será inútil o vano o confuso.

Par entenderlo más, volvemos a su historia, que es “Historia de España”, en las Instituciones.

Los nombramientos de funcionarios hechos directamente desde España-gachupines-crearon las normales dificultades con los criollos, quejosos de no prosperar en las carreras de la Administración. Sólo regidores y alcaldes se nombraron en América desde el principio. Los indios poco o nada participaban en aquel negocio. En tiempos de Carlos III, y más exactamente en 1.764, se crearon las Intendencias, que reivindicaron para sí todas las funciones económicas, financieras, fiscales y de policía. En orden a los impuestos, de cuyas recaudaciones un décimo iba a la Iglesia, el resto a la Corona, los indios no pagaban los normales del almofarifazgo, sobre las importaciones; sisa sobre los alimentos; el 20% de lo sustraído a las minas o quinta -quinto real-; pero tenían dos modos especiales de tributación: LA MITA, que les obligaba a trabajar en las minas del rey, y el TRIBUTO, o suma fija anual pagadera por los indios varones en edad de trabajar. Edad que, al parecer, se fijaba cuanto antes. Todos los fondos por exacciones fiscales eran enviados a la Casa de Contratación sevillana; a los mencionados pueden añadirse los “estancos” –monopolios fiscales sobre los naipes, la sal, las especias, el mercurio y el tabaco. Denominaciones como las de estanco y sisa, designando respectivamente el monopolio fiscal y el impuesto sobre los alimentos nos resultan hoy muy familiares. Se revisaba semanalmente por el Consejo el estado de las cuentas, y el empleo de los fondos provenientes de América; recordemos que desde 1.526 se había establecido una política presupuestaria para cada virreinato (Méjico o Nueva España, Colombia o Nueva Granada y el Río de la Plata), Capitanía (Guatemala, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Chile, Luisiana y Florida) y Gobernaduría. Se obligó mediante este intervencionismo del Estado a la mentalización, hoy –patente, de considerar normal el dirigismo en los negocios. También fueron en este proceso parte no pequeña de las Compañías de Colonización, y las Misiones Jesuitas de California, Venezuela y Paraguay donde la “autoridad civil residía en los curas locales sometidos a un Superior y a un Colegio Máximo”.

El cacicazgo disminuido en su poder y funciones originarios; y el cacique era el en los poblados de indios, que conservaron un régimen administrativo autónomo.

También en Brasil la administración se basaba en la concepción de la colonia como un bien de la Corona, representada por un Virrey. Había OCHO capitanías generales, OCHO gobernadurías, y un arzobispo y cinco obispos que se ocupaban de los cuidados eclesiales. Los Cabildos se llamaron allí Cámaras Municipales. La tierra se concedía a los DONATARIOS, que debían financiar la explotación, conquista y organización de las mismas. No hubo, con todo más conquista que colonización, ante la poca agresividad del indígena. Las autoridades tuvieron más problemas en despejar las zanjas costeras más atrayentes de los incursotes holandeses, franceses e ingleses, oportunistas y ambiciosos. La política asimiladora fue general; no a cargo de disidentes a modo U.S.A., sino dirigida y ordenada por el Estado. Para las tierras nuevas supuso un gran salto histórico el traslado vertiginoso al modernismo en pocas décadas, fenómeno debido, sobre todo, a la concepción de las Indias como parte integrante de los estados aglutinados por la metrópoli, y, por ello, en situación de igualdad. De ahí, en un esfuerzo de respeto a lo singular de cada pueblo, las órdenes hispanas de respetar las leyes y costumbres indígenas en lo que no fuere contrario a la religión católica. Del mismo modo y con honroso talante ecléctico se dirimió la imposibilidad de gobernar por igual a pueblos tan distintos, respondiendo así, con la flexibilidad concedida a virreyes y capitanes generales y mediante el establecimiento de la Audiencia actuando como freno y control, a la cuestión planteada por el escritor argentino Roberto Levillier: “Indios eran los tekestas y tahinos de Cuba, mansos y hospitalarios; indio el caribe antropófago; indio el otomí primitivo, que vivía en cuevas; indio el salvaje jíbaro; indio, el uro, más pez que- hombre, que vivía en las aguas del Titicaca; indio, el artístico picapedrero maya, y el orfebre chibcha, y el sabio legislador incaico, y el delicado ceramista yunga, y el tejedor coya; indio, el heroico azteca y el canibalesco chiriguano, y los indómitos diaguitas y araucanos; indios, el tímido jurí, el nómada lule y el sedentario comechingón y el fiero-guaraní, variaban las inteligencias, crueldades y mansedumbre, los tonos de la piel, las lenguas, los ritos y las teogonias, y se confundían los veri domini con los indios usurpadores que los sujetaron a su obediencia. Ni en su posición jurídica, ni en su aspecto físico, ni en su lengua, ni en sus gustos, ni en sus modalidades morales, ni en sus capacidades creadoras eran los mismos.”

No todo, empero, fue digno de los: la corrupción principal conlleva la de lo accesorio; la corrupción de la vida en la Corte trasladó sus efectos a través del Atlántico.

Pervive el masoquismo – tal vez rigurosidad exacerbada o exceso de seguridad…-crítico español, cuando en 1.735, enviados Jorge Juan (1.713-1.773) y Antonio Ulloa (1.716-1.795) a inspeccionar las colonias, escribieron “una noticia secreta no publicada hasta 1.826, en la que decían que los indios han venido a ser esclavos, y de una esclavitud tan opresiva que comparativamente pueden considerarse dichosos los africanos a quienes la fuerza u razón han condenado a la opresión servil.”

Años después, el sabio alemán –también eran sabios los dos españoles Alejandro Humboldt, tras recorrer el continente afirmaba que el “el cultivador indio es pobre, pero libre”. ¿A quién creer? Durante siglos historiadores y opinión pública de los países anglosajones han exagerado tendenciosamente los puntos oscuros de nuestras instituciones, no siendo excepción en ello la colonización española. Ensañaba Spinoza que las situaciones humanas no deben criticarse ni disculparse, sino entenderse, y nosotros entendemos que esa actitud se ha debido a rivalidades imperialistas, a discrepancias religiosas, a nacionalismos opuestos y a fracasos de la política internacional de los monarcas y Gobiernos respectivos, sin olvidar las diferencias enormes que en la concepción de la vida y las motivaciones de la conducta distinguen ambos pueblos. Lo cierto es que de la colonización portuguesa apenas nada se ha dicho, frente a ríos de negra tinta corridos acerca de la española, y que el pecado de omisión –la culpa in omitiendo de nuestra teología –ha borrado, con presumible falta de objetividad científica, colores no desapacibles en nuestra historia de pueblo dominante.

La facultación de mano de obra indígena, sobre todo en las tareas de artesanazgo, adiestrada y tecnificada como podía estarlo el europeo, dice mucho en oposición a la costumbre inveterada de constitución en cerrados gremios con secretos inviolables.

También, en la construcción de Iglesias y Conventos se realizó esa tecnificación, origen de un arte religioso admirable, con tónico de la España católica, y los temas y símbolos alternativos, que confieren singular personalidad a las realizaciones del arte en aquella época.

Época tan difícil para el indio como para el español, que luchaba entre las fuerzas económica y espiritual, sin comprender aquella extraña humanidad que se despojaba de los vestidos al salir de la iglesia, no sabía ahorrar y apenas podía comprender las razones de trabajar por un salario. La iglesia participa de igual tesitura, máxime cuando a partir del siglo XVII los ricos criollos dejan al morir parte de sus fortunas a la Iglesia o a un convento. Los ya citados Jorge Juan y Antonio de Ulloa nos narran cómo encontraron a un cura de un pueblo- próximo a Quito que recibía todos los años 200 ovejas, 6.000 pollos y 50.000 huevos. Hubo (1.541, 1.631) legislación opuesta a tales desmanes: mendigar, vagabundear, tener los frailes negocios y tierra y explotar minas, jugar, apostar, tener baraganas…¡ E hijos!…Prohibición singular, muy propia de la sutileza legalista de los tiempos.

No se estableció el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición hasta 1.570, y ello con menos dureza y mayor flexibilidad que en la metrópoli. Durante el período colonial fueron ejecutadas 73 personas por sentencia del Santo Oficio, de las que fueron 43 en México y 30 en el Perú. Dos de ellas fueron indios. Del resto, la mayoría piratas ingleses capturados en sus devaneos agresivos por las ciudades costeras. La Inquisición se convirtió en brazo ejecutor de la justicia civil. En 1.501 se estableció el catequístico diezmo. Al arribar el siglo XVIII, un tercio de los edificios limeños pertenecían a los conventos, y se calcula en un quinto del total de tierras las correspondientes a las manos muertas. Al desvanecerse en el siglo XVII el antiguo celo religioso, surgen los conceptos de inflación clerical, manifestados entre otros, en las protestas por el número excesivo de conventos: 800 al menos. Los indios protestan acompañados a veces de los criollos, por los precios de los servicios religiosos, como los que acompañaban a la tradicional “fiesta”, causa del endeudamiento del campesino. Además del oneroso tributo al corregidor, los indios que vivían en poblados (y que dependían de su cacique tradicional), trinero”, cuyas tierras eran habitualmente laboradas por –aquellos. López de Zúñiga y Velasco, virrey del Perú escribió al rey en estos términos:

“Conviene que Vuestra majestad mande que no se haga tanta cargazón de frailes, que no es menester, y cuando hubieren de venir, que no sean mozos, sino viejos y de buena vida y ejemplo.”

La visión civilizadora de la Iglesia fue, no obstante, amplísima. Crearon escuelas, y fundaron universidades. Rafael Gibert, en su estudio “Poderes públicos y Universidades españolas”. –Granada 1.974.-, nos dice:

“En Santo Domingo (La Española) el estudio general de los dominicos fue erigido como Universidad en 1.538 por el Papa, con los privilegios de Alcalá y Salamanca. En 1.558 recibía la confirmación regia, con los privilegios solos de la segunda. En 1.551, por Real Cédula de Felipe II en nombre del emperador, se fundaron las universidades de Méjico y de Lima; tendrían los privilegios de Salamanca “con las limitaciones de que fuésemos servidos”.

Como quiera que exista suscitada polémica sobre cuál fue primero Universidad, si la de Méjico o Lima, creemos que, salvo los orígenes de la fundación –recordemos que en el S. XII la palabra Universidad lleva tras sí el envolvente sentido de corporación, adscribiéndosele el carácter pedagógico al añadir “magistrorum el scolarum” –el carácter colegial, etc. Y al margen también de si la sanción real sin limitaciones de privilegios o la extensión del “ubicue docendi”, creemos, digo, que la más antigua Universidad de América es la de Santo Domingo, y no las otras mencionadas. De igual modo, con más sabias palabras y ponderados argumentos, se expresa a la doctora Sor Águeda Mª Rodríguez Cruz, en su documentada obra “Historia de las Universidades Hispanoamericanas.”

Lo cierto es que a los clérigos debemos la mayor parte de nuestros conocimientos sobre las culturas precolombinas, pues si bien destruyeron monumentos, conservaron códices. De igual modo, a ellos se debe el sostenimiento de la cultura exportada en convivencia con la autóctona.

¿Pueden cambiar dos culturas, una de ellas seria de un pueblo sojuzgado? ¿Puede ésta última sobrevivir? Una forma hay sutil y eficaz inubricarlas bajo el poder ilustrador.

Recojamos al respecto este comentario de Victor Alba:

“…impusieron el dogmatismo predominante en la educación de la época, hasta que, en el siglo XVIII encontramos como en España y en Europa, una Iglesia dividida, con obispos furiosamente dogmáticos y abates veterianos, con curas que denuncian a quienes leen las obras de los encicopledistas franceses (importadas en secreto), y curas que exponen a sus amigos a las doctrinas de D’Alambert y Diderot y que protegen a los criollos dedicados a investigaciones científicas. La Iglesia siguió, en América, la misma evolución que en España, hasta el punto de que cuando los jesuitas fueron expulsados de España por Carlos III, y de Portugal por el ministro Pombal, tuvieron que salir también de las Indias…Los jesuitas mejicanos exilados en Italia fueron los primeros que usaron el nombre de su colonia para designar lo que comenzaron a llamar su patria. Uno de estos jesuitas, Francisco Javier Clavijero (muerto en 1.787), que hablaba una veintena de lenguas indígenas, escribió en italiano su “Historia antigua de Méjico”, que es probablemente la primera expresión culta del nacionalismo americano.”

No es ocioso insistir en que fueron los llamados misioneros quienes ejercían labor de única autoridad en zonas alejadas de las urbes, realizando, incluso ellos mismos nuevas exploraciones y conquistas sui generis, como las del mallorquín fray Junípero Serra (1.713 – 1.784), fundador de la ciudad de San Francisco y diversas misiones en el actual estado de California. Resulta indispensable para un real conocimiento de la historia colonial la observación minuciosa de las interconexiones y rivalidades de la Iglesia con virreyes y autoridades civiles, en íntima relación con las sucesivas rebeliones de los mismos colonizadores primero, los indígenas y esclavos más tarde, y finalmente la decisiva y aglutinante de los criollos. Los indios trabajadores de las minas de Tepic, en Nueva España, se sublevaron en 1.598; antes, los rebeldes españoles habían exigido, en suma, que se les reconociese el derecho de gobernar las tierras conquistados a su arbitrio, y el de explotar a los indios como parte humana, así mismo conquistada. Perdieron la batalla feudalista, con la afirmación de la autoridad real y de los funcionarios de la corona, aunque de hecho persistió la encomienda, suavizada por instituciones como el ejido (en Nueva España: reconocían a los indios unas tierras, pero trabajaban gratis para el señor). Luego surgió la “mita”, un trabajo forzado sin cobro de salario, realizado, periódicamente por el indio en minas, obras públicas, pesquerías, servicio doméstico, campos, obrajes…Todo ello hizo exclamar, decenas de años transcurridos desde la abolición teórica de la encomienda, a Victorian de Villarlva, fiscal de Carlos III, en 1797: “Se han mudado los nombres de las cosas sin que se haya mudado la sustancia”. Idea, al contrario de esta humanitaria y revisionista, de la fiereza del rebelde conquistador, no la ofrecen estas palabras de Lope de Aguirre:

“Ya de hecho, hemos alcanzado en estos reinos cuán cruel eres y quebrantador de fe y palabra (se dirige al rey Felipe II). Y mira, rey señor, que no puedes llevar con título de rey justo ningún interés en estas tierras donde no aventuraste nada, sin que primero los que en estas tierras han aventurado y sudado sean gratificados”.

“He salido de tu obediencia, cruel e ingrato rey, para hacerte la más cruda guerra. Hago voto solemne yo y mis doscientos marañones de no dejarte ministro con vida”.

“Muero gozoso de ir al infierno, pues allí habré de encontrarme con Alejandro y César, y no al cielo donde va gente de tan poca monta como pescadores y carpinteros”.

A donde quiera que fuese, marchó Lope, decapitado en Santa Margarita, tras pocos días de gloria.

Otras rebeliones fueron las derivadas de la aplicación de las Nuevas Ordenanzas- decimos aplicación cuando lo cierto es que mal o apenas se aplicaron-, leyes dadas en 1.542, protectoras de los indios. El mismo Cortés se rebeló contra el gobernador Velázquez, y contra él fue Cristobal de Olid. En Perú Pizarro hizo colgar a Diego de Almagro, siendo después asesinado por los amigos de este. Su hermano Gonzalo también luchó contra el virrey, que intentaba aplicar las Nuevas Ordenanzas, que obligaban a pedir autorización a las autoridades para comprar tierras a los indígenas, y prohibir el pago del salario en especie. Gonzalo Pizarro fue decapitado. Francisco Hernández Girón y Martín Cortés, hijo de Hernán, se rebelan igualmente contra las Nuevas Ordenanzas. El fundador de Guayaquin, Sebastián de Benalcázar, encuentra una fórmula, aceptable al escrúpulo jurídico y a la voluntad antilegalista:

“Sería inconveniente para el real servicio” fórmula respetuosa que salva la autoridad real, pero menos incisiva y sugerente que esta otra: “Se acata pero no se cumple”.

Los indios se sublevaron como digo, en 1.598, en Tepic. Pero la primera rebelión de carácter nacionalista-basadas en el sentimiento de común descendencia y abogadora del establecimiento de poder indio-tuvo lugar en 1.665, en Tucumán, a cargo de Pedro Bohorquez, llamado Inca Hualpa. Tras doce años de lucha fue apresado, y decapitado. Durante ocho años, los indios de Tehuantepec, también en Méjico-Nueva España-como la de Tepic, se adueñaron de la región. Hubo un motín urbano en Méjico, en 1.692, en medio del cual los indios quemaron el Ayuntamiento. Los mayas del Yucatán se rebelan contra los excesivos tributos en 1.761; protestan también por el derecho de sus dueños a azotarles. Los guaraníes se sublevan contra el Tratado entre Madrid y Lisboa de ceder a Portugal regiones en las que existían reducciones jesuitas. Un mestizo, el Inca Atahualpa (Juan Santos) encabeza una rebelión de mineros en Oruro, luchando de 1.736 a 1.750: piden disminución en los tributos y abaratamiento de los servicios religiosos. La más espectacular sublevación fue la de Tupac Amaru, envuelta en aires de leyenda. Cacique de Tinta, Perú, José Gabriel Condorcanqui (1.740 – 1.781), pide perdón para los asesinos del Corregidor, explotador del pueblo; despechado por su fracaso, apresa y ahorca al nuevo corregidor, tras un juicio indio. Surge el grito de la guerrilla ¡Que viva el rey! ¡Que muera el mal Gobierno!” El Obispo de Cuzco organiza un batallón de seminaristas, empeñado en una nueva guerra santa, y pide refuerzos a Lima. Vencedor, José Gabriel se corona Tupac Amaru II. Fracasa en la toma de Cuzco y, finalmente, es ejecutado. Antes de morir dice al visitador: “Los únicos conspiradores somos Vos y yo; vos por opresor del Pueblo, y yo por haber intentado librarlo de tanta tiranía.

Así se gestan las libertades, las mismas que deseará la Constitución de Cádiz, tres décadas más tarde.

Entre los negros, la cuestión no es ya la de tener menores cargas fiscales, o mayor libertad, sino el dejar de ser esclavos. Hubo población negra más numerosa en las Antillas y en Brasil, empleados como mano de obra por los colonos ingleses y los planteurs franceses % era ello fruto de las cordialísimas relaciones que mantenían con los piratas. Los negocios de Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda poblando de negros esas zonas fueron enormes. Así he pretendido demostrarlo en un trabajo redactado sobre “La Leyenda negra”. Colbert en 1.665 declara favorable al fomento de la marina mercante el tráfico negrero, llegando a establecer exenciones de impuestos a favor de los armadores dedicados a este sano comercio. Cierto que nos este sistema Nantes se convirtió en el primer puerto azucarero del mundo. En Méjico se les permitió formar un pueblo negro, Precedente en el S. XVI de los Ghetos y barrios sagrados de hoy: San Lorenzo de los Negros. Los cimarrones negros, huidos a las selvas atacan las caravanas. Santiago del Príncipe fue una ciudad-estado negra autónoma, fundada por el caudillo Bayano, con la autorización real. En 1.574 se les concede la libertad. Esta tendencia autonómica se manifestó también en Venezuela, donde los negros de las minas de oro de Buria crearon, tras sublevarse, su ejército y su reino. La influencia de Jacobinos deportados a la Guayana después de Termidor suscitó la rebelión de los negros de Coro en 1.795. En igual fecha, los esclavos de Yi, isla del río de la Plata, trataron de construir un reino. Procedían de Uruguay.

En Brasil, los quilombos, establecidos en la región de los Palmares, entre Pernambuco y Bahía por los negros huídos de las haciendas, con un Consejo y un Jefe, o zumbi, formaron una especie de organización ciudadana durante varias generaciones. Negros fueron los introductores en Brasil de las ideas republicanas. Tras la rebelión de los mulatos de Minas Gerais encabezados por el alférez Tiradientes –Silva Xavier-, en 1.789, en contra de los aumentos de impuestos y el envío de oro a Portugal, tuvo lugar en 1.798, una “conjura de mulatos jacobinos que propugnaban por un “Gobierno Republicano” libre e independiente, con acceso indistinto de pardos (mulatos) y negros a todos los puestos públicos”. También los “males” o musulmanes negros de Bahía se amotinaron nada menos que siete veces entre 1.807 y 1.835.

Ambos intentos revolucionarios, los del indio campesino y el negro obrero y esclavo precisó de la rebelión de la burguesía blanca para alcanzar el triunfo: el criollo se enfrenta a través del cabildo a las autoridades virreinales, posición que aumenta a medida que las líneas de coincidencia de intereses entre España y América va haciéndose más divergente. Interesa al comerciante criollo aumentar su mercado de exportación, que monopoliza la metrópoli, llegando incluso a prohibir el cultivo de vides y olivo, para evitar la competencia. Impuestos y fletes encarecen los precios: la ley del monopolio hace que España fije los precios de compra y de venta, como único comprador y también único abastecedor. De ahí la importancia del contrabando, como negocio a enorme escala. En cuanto a Brasil, las reformas de Pombal, que entrañaban el establecimiento del estanco del tabaco, de la sal y del cultivo de la caña de azúcar” repercutieron con enorme carga desfavorable en la colonia. María I ordenó, para evitar la competencia, el cierre de los obrajes brasileños. Se ha llegado a decir que lo insoportable de la situación hizo a la figura del pirata y del contrabandista, en los siglos XVII y XVIII popular y respetada. En 1.774, Carlos III autoriza el comercio entre los virreinato, pero ya en 1.624 los criollos se había alcanzado en México contra el monopolio de cereales y en Asunción, Buenos Aires, Santiago y Tucumán, hubo igualmente conflictos. Contra los impuestos se alzó el cabildo de Quito en 1.591 y 1.765. Los plantadores de Cuba enviaron a España al gobernador que intentó un monopolio de tabaco, en 1.717. Contra la Compañía Guipuzcoana hubo en 1.749, en Venezuela, una rebelión. Fernando Mompó, en 1.730, afirmó que “El poder del común de una villa es más poderoso que el mismo rey”, remedando tal vez la afirmación del fuero aragonés: “Yo que soy menos que vos, y que todos juntos somos más que vos”. Coincidiendo con la ya referida de Tupac Amaru en Perú tuvo lugar la de los comuneros, o gente del común, en Colombia. Ambas tuvieron como cauda los impuestos: la manera brutal de pagarlos y el deseo de no hacerlo.

De nuevo, es un arzobispo quien sale al encuentro de los rebeldes, Antonio Caballero y Góngora, (1.723 – 1.790), negociando y engañando a los comuneros. Surge un nuevo líder, antiguo seminarista esta vez, Antonio Galán y mientras los indios proclaman rey a uno de ellos, llamado Antonio Pisco. Ambos mueren, el último en prisión y Galán ahorcado. Entretanto Latinoamérica cambia: nuevas rutas, nuevas ciudades, cultura enciclopedista y academias en las ciudades…Fundaciones benéficas, hospitales, nuevas Universidades, riqueza y bienestar en algunos casos superior a la metrópoli. Las guerras europeas sostenidas por España afectan muy relativamente a la colonia. Lealtad al rey y autonomía municipal reafirman los cabildos frente a los ataques de ingleses a Cartagena, en 1.740 y la Habana en 1.762; los de Holanda a Chile en sus desembarcos al sur…Aparecen los periódicos en la mitad del siglo XVIII. Desde 1.621 los Holandeses, y su Compañía de las Indias Occidentales ocupan varias islas del Caribe. Haití fue cedido a Francia en 1.697 y 1.795. La Florida, entregada a Inglaterra en 1.763 recobrada en 1.783, fue vendida a los Estados Unidos en 1.819. La Luisiana fue cedida a España por Francia en 1.763 devuelta en 1.800 y vendida por Napoleón a USA en 1.803. Los Ingleses se preocupan de atacar Brasil únicamente durante el período de unión de Portugal y España, de 1.580 a 1.640. Holanda y Francia ambicionan el Brasil. España, tras el desdichado pacto de Utrech, da a los ingleses patente de corso a favor del contrabando y la importación de esclavos a las Indias. Los Jesuitas establecen en Paraguay sus reducciones durante el siglo XVII, y en 1.722 aún hay fuerzas para fundar una nueva ciudad con resonancias onomatopéyicas clásicas: Montevideo. Carlos III (1.759-1.788) y el despotismo ilustrado que caracteriza su época moderniza América, creando incluso nuevos virreinatos en Bogotá y Buenos Aires. Aranda forja un plan, mitad despótico, mitad nepótico, para constituir con los reinos futuros de América y España una comunidad dinástica. La tradición independentista inaugurada desde los comienzos de la conquista iba a atravesar etapas muy definidas cuyo pretexto inicial fue –hablamos de la rebelión consumada- el secuestro del Rey Fernando VII por Napoleón. Más tarde, hay dos bandos, deseando unos establecer un nuevo orden político, en tanto que los otros quieren mantener el viejo, sin más preocupación por las decisiones de las Cortes de Cádiz. Se impone finalmente, el sistema republicano, tras los intentos, proyectados en su día por el conde de Aranda, aunque con otro muy diferente contexto, de establecer monarquías diferenciadas. La Junta Central, en 1.809, proclamó la igualdad de derechos de españoles y americanos. Decía:

“Vuestros destinos ya no dependen de los ministros, ni de los virreyes, ni de los gobernadores. Están en vuestras manos.”

Más Constituciones

14 enero 2010

La Constitución de 1876 fue decretada y sancionada por Alfonso XII, y aún habla de Patria y de su defensa. Se declara la confesionalidad católica de España. Preserva los derechos fundamentales de expresión, reunión, asociación… y el respeto al principio de legalidad y la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. Se establece un complejo sistema para la elección del Senado, como ya venía siendo tradicional, y muy sencilla para acceder al cargo de diputado. El Rey y el sucesor deben someter a las Cortes la aprobación de su matrimonio. El orden de sucesión es el habitual. Se establece un solo fuero para todos los españoles en asuntos civiles y penales.

El presidente del Consejo de ministros, uno de los firmantes, era Antonio Cánovas del Castillo.

En 1931 se decreta y sanciona la Constitución de la segunda República. España pasa a ser de la noche a la maña una República democrática de trabajadores de todas clases que se organiza en régimen de libertad y justicia. La bandera pasa a ser roja, amarilla y morada. El Estado español no tiene religión oficial. El castellano es el idioma oficial y todos los españoles tienen la obligación de conocerlo y el derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que se reconozcan a lenguas de otras provincias y regiones -sic-. El Estado español acata las normas universales del derecho internacional incorporándolas a su derecho positivo. (Art.º 7º). No dice cómo, ni qué sucede con los conflictos de leyes o su operativa, pero debe reconocerse lo avanzado del planteamiento, cuando Europa era aún un mosaico de Estados beligerantes. Igualmente se determina el régimen autónomo de los territorios de soberanía española del norte de África.

La Constitución establece un complejo sistema de funcionamiento burocrático para la organización del Estado, impropio de una norma fundamental. Debería haberlo dejado para su desarrollo por leyes o reglamentos.

El art. 25º, una declaración de principios, dice que no podrá ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas o las creencias religiosas. (No dice qué sexo, porque hoy el sexo femenino tiene algunos privilegios jurídicos, con las leyes ad hoc, aceptación de veracidad de denuncias sin prueba, por ejemplo).

El art.º 26 se ocupa de demoler sistemáticamente al clero y las órdenes religiosas, que trata como a apestados. Este tratamiento paranoico trajo consigo alguno de los precedentes de la guerra civil, y sobre todo la justificación de la matanza de curas y monjas y la quema de iglesias.

El art.º 27 establece la paradoja, después del art.º anterior, de la libertad de conciencia y de profesar y practicar libremente cualquier religión.

El art.º 29 fija las setenta y dos horas para el ‘habeas corpus’.

Se garantiza la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, así como de expresión e imprenta. (Sin embargo, los religiosos no podrán enseñar, como dice el art.º 25 salvo en sus propios establecimientos, según el art. 48).

Los derechos electorales comienzan a los veintitrés años. Existe el derecho de reunión, manifestación -a desarrollar por ley especial- y sindicación. Los funcionarios podrán asociarse.

El art.º 43 regula los principios de la familia, el matrimonio, el divorcio, la investigación de paternidad, los derechos de hijos extramatrimoniales, y asume la ‘Declaración de Ginebra’ sobre los derechos del niño. Un espléndido artículo.

Los artículos 46 y 47 determinan, de forma muy avanzada, los derechos de trabajadores , agricultores y pescadores en sus aspectos de protección y tutela.

El art.º 48 establece la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria. Más adelante faculta para enseñar en lenguas distintas del castellano, aun estableciendo la obligatoriedad del conocimiento de éste, que es el idioma oficial de la República.

Los convenios internacionales firmados por España formarán parte -art.º65- de la legislación española.

Se regula ampliamente la elección y facultades del Presidente de la República, de su gobierno y de la administración. Firma la Constitución el presidente de las Cortes, Julián Besteiro y su Disp. Transitoria primera determina que las actuales Cortes elegirán, en votación secreta, el primer presidente de la República.

Más Constituciones históricas

11 enero 2010

La Constitución de 1837 es la de la reina Isabel II, la del Canal, tan famoso en Madrid, aunque la promulgó, durante su minoría de edad, su madre Doña María Cristina de Borbón, de quien la vieja canción popular decía aquello de ‘María Cristina me quiere gobernar…’.

Lo primero que llama la atención de su texto es la prioridad que se da al derecho de imprenta (art.º 2º). Una novedad. La divulgación de las ideas por escrito. E inmediatamente, un magnífico desideratum: la uniformidad legislativa, ya que el art. º 4º establece que ‘unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía…’.

Y luego está la burocracia. Esa manía de que las Constituciones tengan un preámbulo magnífico y un desarrollo inaguantable.

Sigue la de 1845, ya firmada directamente por la Reina Isabel II, una Constitución que nace tan empeñada en recuperar los fueros y libertades de estos Reinos, según dice su preámbulo. Para empezar a andar, eso es el preámbulo: queden claros los principios. Un español deja de serlo por aceptar un empleo de otro gobierno sin licencia del Rey -art.º 1º. Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura -esta parte del artº 2º es de nuevo un remoto precedente de las libertades fundamentales, pero nada novedoso desde las Declaraciones de Derechos, así como el art.º 7º sanciona el principio de legalidad. Sólo las leyes determinan cuando alguien puede ser detenido, privado de libertad o juzgado y sentenciado por un juez competente. El art.º 10º proscribe la confiscación de bienes -debería tomar nota la Hacienda pública y municipal, de hoy en día, con esas arbitrarias manipulaciones para multar y recaudar a diestro y siniestro. El art.º 15º instituye la clase senatoria, una especie de senatusconsultus romano de próceres y de ricos, y luego lo de siempre. En el art.º 50 se prevé la sucesión a la Corona, en el mismo orden sucesorio actual, es decir, con prevalencia del varón sobre la mujer en el mismo grado.

En la Constitución de 1869, que promulgan las Cortes y firman su Presidente y Secretarios, ya que surge a raiz de la Revolución de 1868, el art.º 5º hace especial hincapié en la inviolabilidad del domicilio y -artº 7º- de la de la correspondencia. El art.º 12 se refiere in genere al ‘habeas corpus’ y el art.º 13 decreta la responsabilidad personal del funcionario que prive de sus bienes a alguien sin que medie sentencia judicial -una observación curiosa para los embargos administrativos de cuentas por sanciones municipales de aparcamiento, sin el rigor de la notificación, como se da en las ordenanzas de hoy día-. La libertad de expresión y asociación está ya en el art.º 17. Y el 21º se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. Ahora bien, ya se garantiza el culto público o privado de otra religión. Incluso -art.º 27- tanto el acceso a los empleos públicos como la adquisición y el ejercicio de los derechos civiles y políticos son independientes de la religión que se profese. Y estas libertades fundamentales no podrán ser restringidas, dice el art.º 22. El sufragio universal -masculino, eso sí- la distingue de la anterior, más elitista…

En el próximo comentario haremos una reflexión sucinta de la época histórica que envolvió cada una de estas normas fundamentales. Y es así porque las dos Constituciones que siguen, antes de llegar a la actual de 1978, están enmarcadas, la de 1876 (Alfonso XII) por la Primera República -de 1873 a 1874- y la de 1.931 -Segunda República- por la antecedente etapa de la Dictadura de Primo de Rivera, que llamaron otros Dictablanda…

Todo esto ayuda a comprender -si es posible- a España.

La Pepa

9 enero 2010

Constitución de 1812. La Constitución política del monarquía española, de 19 de marzo de 1812, la Constitución de Cádiz, la Pepa, es la más emblemática y una de las menos aplicadas. El mismo rey Fernando VII que la promulgó fue su verdugo. Fernando VII, rey constitucional, nunca creyó en otra cosa que no fuera el absolutismo, y ya sabéis lo que dijo Burke: con el poder absoluto, hasta un burro puede gobernar. Por algo esa promulgación fue ‘in absentia’, y en su nombre ‘las Cortes del Reino’ o mejor dicho la Regencia nombrada por esas Cortes generales quienes redactaron y publicaron la Constitución que hacía de los españoles seres justos y pacíficos. Su objetivo era modesto: promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la nación. Tal vez si se hubieran propuesto algo más temerario… El artículo 4º es eso precisamente: la nación -o sea los españoles de ambos hemisferios- está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos. Ahí podría haber terminado, pues bastaría con el debate acerca de la naturaleza y la estructura de cada ley. Con el art.º 6º de muletilla, todo era más sencillo: el amor a la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y asímismo el ser justos y benéficos. Hoy, con la modernidad política y el multiculturalismo, eso es un exabrupto ucrónico. En fin. La pregunta es, en consecuencia, que diría Felipe González, si esto interesa a alguien. Desde luego no a los líderes políticos, por lo que tiene de vergonzante eso del amor a la patria, las leyes justas y mucho más, si contemplamos algunos ramalazos estatutarios, el art.º 7º, que dice eso tan obvio de que los españoles están obligados a ser fieles a la Constitución. Desde el momento en que esa fidelidad es de pacotilla y supeditaba a otras fidelidades, la siguiente pregunta se hace necesaria: ¿A quién queremos engañar haciendo leyes tan espléndidas destinadas al incumplimiento? Ya llegaremos a la del 78.

La Pepa era confesional. El art.º 12 consagraba la religión católica como única verdadera -fatuidad de los constituyentes, metidos a teólogos, y desde luego hombres de hipócrita fe- pero lo curioso es su redacción: La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana…… (Esto luego para al 173º, con la fórmula de aceptación de la Corona). La nación la protege por leyes sabias y justas -otra vez- y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. No deja de ser curiosa la energía después de la autocoronación del Sire, dejando al Papa como lacayo de su efímero Imperio. Y cuatro años después del comienzo de las derrotas de Napoleón, que se labró su úlcera en Madrid y en Sierra Morena.

A mí el artículo que más me gusta es el 13º. Primero, porque busco ese número, me atrae por la paradoja de la mala suerte, como a los chinos el 4 o a los anglosajones el viernes. Nos atrae para huir. Pues el de la Constitución de 1812 vale por todo un tratado de ciencias políticas, esos que aglutinaba Sánchez Agesta, el magnífico profesor granadino, y en los que son especialistas los franceses, cómo no. ‘El objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen’ ..Qu´est que cést beau comme Ça! Miro por la ventana, el Viso en llamas, un poniente púrpura como la vanidad de un César… ¡Si algo de esto fuera verdad! Pero enseguida anochece, viene Alejandro y me susurra al oído si puede jugar con la Wii. Vanitas vanitatum! ¿Quién teme al Mago de Oz?

Luego sigue la burocracia, como en todo. En el art.º 155, cuando habla de la promulgación de las leyes, se sustenta la fórmula tradicional: N. por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía Española rey de las Españas, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed.. En los arts. 172 y ss. se ponen algunas restricciones, normalitas, al Rey, y otras peculiares, como la prohibición de ausentarse -escamados por los tiempos recientes- so pena de considerar que eso supone su abdicación…

Y más cosas, de cierto y sólo relativo interés a estas alturas. Vigente del 12 al 14, del 20 al 23 y del 36 al 37…. Con las vueltas y revueltas del absolutismo y entre el ¡Vivan las caenas! Y el ¡Marchemos todos juntos y yo el primero por la senda constitucional!

¿No se le ocurre a nadie comentar algo de esto? ¿Sólo vale lo de Belén Esteban y cosas así? ¡Blog!