América, esa España lejana. (4).La España ilustrada.

IV

LA ESPAÑA ILUSTRADA

De textos diversos, y muy en especial, los Diarios de Jovellanos, surge lo que Serailh denomina galerías de instantáneas de hombres, entrevistas en su marco natural y en sus ocupaciones familiares”. Se revela el espíritu nuevo que irradió desde Madrid y las grandes ciudades a todo el país. Se traslucía el afán de progreso y una cierta sencillez deductiva que impulsó la ciencia práctica, originada en el sentido común y la experiencia, más que en la conjetura y la hipótesis. Además de los esfuerzos individualizados tuvieron buena parte en ello las “Sociedades Económicas”. De este origen institucional brotaron nuevas ideas que hicieron avanzar la química, la agricultura, la medicina, e incluso las manufacturas y la mecánica. Sobre Cádiz hay un testimonio de Laborde, muy elogioso, aunque menos directo que el de Jovellanos. Este gran puerto sería una de las ciudades en que las costumbres son más suaves y la manera de vivir más agradable.”

“Reina aquí un desembarazo en los modales, una nobleza en la conducta, una cortesía en el uso ordinario de la sociedad, un tono en la buena compañía que no se encuentra en ninguna otra parte de España. Aquí reciben con cordialidad a los extranjeros…Las tertulias son muchísimas y amenas…Las fiestas brillantes y aún suntuosas…Este lujo se extiende a todos los objetos, vestidos, coches, cosas, muebles, caballos, criados, mesas…los gaditanos buscan mucho el placer, no sin entregarse por completo a los negocios durante una parte del día…” No debe esta definición, inducir al error de considerar superficial y ajeno a las preocupaciones y a través de la ciudad el modo de vivir de las minorías. Como lo hemos indicado, existe un activo interés por los “estudios nuevos”, y las mejoras en las condiciones de las ciudades y los ciudadanos. Ocasionalmente, hay aparición a las reformas, como la de la enseñanza redactada por el fiscal Campomanes, rechazada por los “artistas” y los catedráticos en general. Por las observaciones de Desdevises y Samaill acerca de los dos censos que hubo en el último tercio del siglo XVIII. Desde el de 1.768 la población aumentó en más de un millón y medio de habitantes, según recoge el de 1.787, llevado a cabo por orden de Carlos III. En esta fecha, en el reino, poblado por 10.268.150 habitantes existen dos ciudades de más de 100.000 vecinos, Madrid y Barcelona; siete de más de 40.000, Sevilla, Valencia, Cádiz, Málaga, Granada, Zaragoza y Murcia; y alrededor de unas treinta de más de 10.000…  En esas grandes metrópolis o esas humildes aglomeraciones conviven las diversas clases sociales: nobles (ricos o pobres), burgueses, obreros, mendigos y vagabundos. Allí es donde  “hay que buscar la clase verdaderamente rica e interesante de la nación. Allí se encuentran los hombres más instruidos y más inteligentes, los que aprenden y progresan”… La estructura es predominantemente agrícola. Los grandes hacendados residen en los centros urbanos más importantes, y en la Corte se amontonan los propietarios de mediana fortuna. De esa cierta e irracional falta de uniformidad se deriva la incoherencia relativa de las instituciones. La gran masa de trabajadores y la no menos importante de desempleados, mendigos y “vagos”, que se consideran plaga perpetua en España, no son protegidos por las Instituciones, que permiten un salario y un trabajo ínfimos. Ello no impide la escandalizada protesta del mismo Jovellanos, quejoso, en 1.798, cuando escribe a su amigo el arquitecto Villanueva, del coste salarial de los peones, mamposteros y labrantes que construyen el Instituto de Gijón.

En general, las ordenanzas no determinaban el número de horas diarias de trabajo; en Sevilla se prohíbe para los aprendices antes de las 4 de la mañana y después de las 8 de la noche. Un reglamento de 1.771 para los secadores de paño de Segovia fija la jornada en once horas. Los obreros de manufactura de tabaco trabajan nueve horas. La jornada, en Barcelona, es de siete horas. La costumbre de “guardar el lunes”, es censurada por Campomanes, en su “Discurso sobre la  educación popular de los artesanos”, y Torres Villarroel, en sus “Sueños” a la manera quevediana denuncia la “asidua frecuentación de tabernas donde los obreros se emborrachan y juegan su dinero”. A partir de 1.740, las corridas de toros vuelven con fuerza, y  José Ortega y Gasset y José María de Cossio citan en sus “Papeles sobre Velazquez y Goya” y “Los toros en la poesía castellana”, cómo la gente empeña hasta la camisa para poder ir a los toros. Jovellanos protagonizaba la línea antitaurina. La existencia de artesanos, obreros, empleados, tenderos y similares, es mediocre y grosera. Un edicto de 1.774 prohíbe a los gremios celebrar sus fiestas en días de trabajo. Este deseo de diversión contrasta con la frugalidad ponderada por los observadores del pueblo. Sin embargo, Ward, en su “Proyecto Económico” observa que “hay ciertas virtudes morales mal entendidas, que son vicios políticos y sirven de gran estorbo a la industria. La frugalidad de nuestros españoles es en gran parte a causa de su desidia el que se contenta con poco en comer y vestir, si gana en tres días con qué vivir 6, no trabajará sino los tres”.

En socorro de la “gente noble” se fundan Montepíos, y, en 1.773, existen en Sevilla, Madrid, Jaén y Granada. Para fomentar la enseñanza se funda en 1.780 el Colegio Académico del Noble Arte de las Primeras Letras, para la formación de maestros. Se inauguran ocho escuelas en Madrid y se ordena a alcaldes averiguar el estado de la enseñanza primaria en sus jurisdicciones, e indicar al Gobierno qué localidades carecen de escuela. A raíz de la expulsión de los jesuitas, el Obispo Climent funda en Barcelona, en 1.767, diez escuelas gratuitas, ocasionando un auténtico vendaval en el Ayuntamiento. Jovellanos lucha por ello mismo en Sevilla, siendo un joven magistrado. Las sociedades económicas se preocupan igualmente por la cultura popular, fundando escuelas de primeras letras o las llamadas “escuelas patrióticas”, especie de institutos de artes y oficios. Los “Amigos del País” se preocupan de los libros que deben leer los niños, y construyen manuales escolares,  extractados de autores como BUFFON y NOLLET. Campomanes señala la necesidad de proscribir la lectura en las escuelas de “Romances de ajusticiado” porque “produce en los rudos, semilla de delinquir y hacerse ladrones…” Jovellanos sugiere la difusión de unas obras de Tomas de Inarte y Escoiguiz.

Una Real Orden de 1.749 prohibió la limosna, lo que no impidió la publicación de los mendigos y las eclusiones pestilenciales de 1.801. Meléndez Valdés y Feijoó deploran sistemáticamente la materia, el robo, la “vaguería”. Los hospicios recogen mendigos y desamparados, y los Ayuntamientos y Gobernadores recomiendas su protección o su castigo, según los casos. Hay expresiones en 1.772 de Barcelona, y, tras las Reales Ordenes al 1.777 y 1.778, los vagos y delincuentes son expulsados de Valladolid. La Justicia es dura y azoga, corta manos y da garrote. Hay muchos asesinatos, de los que el embajador Marqués de Auberrete se queja durante los últimos años del reinado de Fernando VI. El de “inseguridad ciudadana” no es concepto nuevo, según vemos. Y dice “el Consejo de Castilla no ordena ejecutar ninguna sentencia de  muerte sin la aprobación del soberano. Desde que el rey enfermó no se ha llevado a cambo ninguna ejecución; esto es lo que da lugar a tan frecuentes crímenes…” Meléndez Valdés en su acusación fiscal de 14/06/1798 señala:

Aquí en la Corte, una insaciable disipación atiza todas las pasiones, persuade todos los excesos, disculpa y da calor hasta al mismo delito, y arrastra a codiciar y arrebatar lo ajeno; todo lo amenaza y con todo acabará

Y añade:

los robos cunden y se aumentan por todas partes escandalosamente… las personas se ven atropelladas…” para acabar señalando cómo en las ciudades conviven dos clases de seres humanos de especie opuesta, “dos diferentes pueblos, uno de ciudadanos y otro de siervos degradados”. “Monotonía y sujección”, deplora Labarrús, en su Cartas, tras citas con Carlos III se quejaba, días antes de morir, de que le hubiesen dejado ¡cinco horas! sin un caldo. Las instituciones se resquebrajan con el ya tan condenado trío que formaron Carlos IV, su mujer, María Luisa y su favorito Godoy, “cuya esponja –dice Jovellanos- chupó… la espantosa porción de la fortuna pública que todos saben, y que, por desgracia, se nos escapó con este insigne ladrón”. Los accesos a altas funciones de Estado por quienes no parecían aptos a ellos se denuncian con el paradigma del Conde de Lerena, ministro, “hombre no sólo iletrado sino falto de toda clase de instrucción y conocimeientos en todos los ramos” –dice Jovellanos en sus “Diarios” – “cuya asombrosa metamorfosis le sacó del mostrador de una tienda a la tabla de la tienda pública, y como no entendía de nada, hubo de valerse de todos, y entre ellos echó mano de los contadores llamados Aquilar e Iparraguirre, cagatintas de profesión…”, según el autor de “Cartas Público-Económicas”. En 1.718, en su Etat présent de l´Espagne, el abate de Vayrac descubría, entre setenta y seis grandes de España, media docena “Cuyos talentos e ingenios fueran dignos de elogio” –cita Sarrailh. Los aristócratas, protegidos por circunstancias históricas hábilmente manipuladas para transformarlas en hechos permanentes, sólo simularon amar la cultura después de 1.789. Desde Jovellanos a Ortega y Gasset, en sus “Papeles sobre Velázquez y Goya” la galería de espectros y bufones es interminable entre la mal llamada “nobleza”, apoyada por los sahumerios de tanto arrivista pseudo intelectual como abunda en los círculos del poder. La seriedad en los estudios “son circunstancias de la cultura, pero no constituyen su esencia”, el “noble” va al extranjero con frecuencia –siempre el mismo ritual de petrimetre- y regresa “esmaltando su conversación con voces francesas o atroces y ridículos galicismos”.

El alto clero sostiene si bien parcialmente, la auténtica Ilustración. Las excepciones, no obstante, son sangrientas; en 1.796, Felipe Vallejo, arzobispo de Santiago logra que la Inquisición prolongue la prisión de Salas, profesor salmantino, contra el que guardaba antiguo resentimiento. El Oviedo se opone a los progresos del Instituto de Jovellanos, en Gijón, como hizo el de Lugo, a quien recuerda aquel que debe promover, los estudios que usted llama profanos, y que yo llamo útiles porque en ellos se cifra la abundancia, la seguridad y la prosperidad pública, porque con la ignorancia ellos destierran la miseria, la ociosidad y la corrupción…” Esa hostilidad contra la cultura viene recogida por el padre Isla, cuando “los obispos que las familias a los que no tuvieron de obispos más que el título… y que … a lo sumo sólo sirven para que los retratos adornen las paredes”.

No es más halagüeño el panorama que sobre los funcionarios e instituciones en general cabe observar. A finales del XVIII “Nada más inmóvil que la administración, petrificada en una hosca rutina”. Sarrailh cita a Desdevises: “en la capital abundan los oficinistas cuyos sueldos han de ser precisamente inferiores a sus necesidades y a su vanidad”… que funden “otras tantas familias irreconciliables ya con todo trabajo útil”. El censo de 1.787, “esa gran pieza de autos contra el Gobierno” que ha aumentado en veinte años ocho mil ochocientas personas a las empleadas en la Real Hacienda. Se destaca el poco interés de los funcionarios y la pésima situación de las oficinas públicas. La arbitrariedad de los funcionarios es proverbial. Bernardo Marín, delegado de la Junta en Madrid, se negó durante tres años a facilitar los datos sobre mercancías extranjeras introducidas en Barcelona en 1.759 y 1.760. En su “viaje de España”, Antonio Pons afirma que “la inobservancia, mala inteligencia y poco celo de los subalternos impiden que… las leyes… tengan los favorables efectos que se4 debían esperar”. Esta inercia de la administración choca incluso con los esfuerzos de Fernando VI o Carlos III para sacudirla, “siguiendo los consejos y enseñanzas de hombres inteligentes y de espíritu moderno, tanto españoles como extranjeros” (Sarrailh). Ello es “motivo para una lucha sorda y tenaz con los elementos burocráticos de toda suerte, para quienes las nuevas reformas representaban lesionamiento de intereses intrusiones, inauditas, rotura de tradiciones y un trastorno general en el plácido disfrute del dominio, la prebenda y aún la extorsión (a Ruiz y Pablo, Historia de la Real Junta). Las críticas de Jovellanos son impagables, y, junto con las exposiciones de Melendez Valdés, sumamente esclarecedoras. El primero expresa su irritación contra los corregidores de espíritu estrecho”, alcaldes como los de Santander y Peñalba, y jueces. El segundo cifra la esperanza de los nuevos organismos –como la Real Audiencia de Extremadura- en “que va a poder trabajar con según métodos nuevos, ya que, por no tener pasado, tampoco tiene trabas que le estorben; poniendo así de manifiesto el harto temor a los condicionamientos impuestos por las ya denunciadas rutinas y corruptelas en el actuar, apoyado por los grupos de presión política de influencia en decisiones incluso privativas de la administración de justicia. También se detectas choques entre los gremios y las sociedades económicas, que representan el “espíritu moderno”, que postulan la reforma de ordenanzas gremiales, y a las que también se oponen instituciones que, como ciertos Ayuntamientos, proclaman su adscripción inquebrantable al pasado. El, por otras cosas grande, Menéndez y Pelayo, defendió este edificio integrista en su reflexión posterior sobre el XVIII, con notoria parcialidad. “No convenía se hiciese novedad”, es frase que, en 1.770, pudo oponer el Ayuntamiento de Barcelona contra el Obispo Climent, revelando una vez más la paradoja de una defensa laica del factor religioso formalista y externo. Tradición que, en pedagogía y cultura universitaria, recogen los catedráticos, “tristes, doctos, pedantes encadenados por la escolástica y hostiles a toda reforma”, dice Torres Villarroel. Después, que el Rey –Carlos III- ordenaba una investigación en las Universidades, la de Salamanca envió, en 1.771, un proyecto de reforma. Este “Plan General de estudios”, se editó en 1.772, con la aprobación del Supremo Consejo de Castilla sólo en parte, pues la facultad de Derecho recibió un nuevo plan redactado por el fiscal, ya que los juristas afirmaron que “en el caso de necesitarse alguna reforma, es empeño de suma arduidad arrancar la cizaña sin lastimar el trigo… y para explicar el derecho no necesita ningún doctor en Salamanca valerse de ajenas producciones… Basta con que la Facultad sea… el baluarte inexpugnable de la religión”. Algo parecido sucedió, como ya apuntamos en otro lugar, con las Facultades de Artes, fieles a Aristóteles, y que no juzgan oportuno dar salida en su plan de estudios a la Física moderna, cuyo estudio sí aceptan en Academias particulares, del mismo modo que rechazan a Newton, entre otros, para los estudios de la moderna Filosofía, ya que si bien disponen al Sujeto para ser un perfecto matemático nada enseñan para que sea un buen lógico metafísico”. Recomienda, en fin,, un estudio tradicional, aun proponiendo un curso especial “conforme a las máximas de nuestro siempre recomendable ingenio el reverendísimo Feijóo. Algo similar aconteció en las Facultades de Santiago, Alcalá de Henares, la Complutense, entre otras. Pese a los intentos en contra de Simposios como el de Oviedo sobre el Padre Feijóo y su siglo –octubre de 1.986- no parece posible descartar, desde una perspectiva política, del siglo XVIII respecto a otros modelos europeos. Ya hemos observado “la conexión Francesa”. Esta, y la de la  “lejana Inglaterra” destaca en la consideración sobre “la importante cuestión” de Gobierno de los pueblos, como dice Sarrailh, aclarando cómo se discute el principio de la monarquía y se denuncian los abusos del absolutismo, y ello con debates cada vez más sonados. Del pensamiento sobre la pésima consideración del despotismo, como algo degradante para la humanidad, se desprende la reflexión del citado Fray benito Jerónimo Feijóo y Montenegro, de quien el poco conocido estudio sobre la literatura política en España de Recaredo F.  de Velasco publicado en 1.925, señala que “de su pluma sale hecho jirones, maltrecho y triturado el bueno de Maquiavelo,… a quien llama “genio irrisorio y satírico… que enseña (a los príncipes) a reinar tiránicamente, o a dominar a los pueblos sin equidad, sin ley, sin religión…”

Ya hacía esta consideración forzosamente crítica y pesimista, Feijóo, en su discurso XII: “el culto más injusto en el mundo es el dispensado a los conquistadores…” tal vez rememorando la irónica tesis de Plutarco en sus “Vidas Paralelas”, al hablar de Pirro. “… el que más gana es el que menos consideración tiene a la justicia”, o aquella curiosa obra, Alfonso VIII, del Padre Andrés Mendo, editada al filo del XVIII:

que los príncipes mandan cuando pecan;

y en la vida culpable de los reyes,

los vicios no son vicios, sino leyes.

La naturaleza y justificación de las leyes, si se pone en duda, imprime, con la fuerza emanada del principio de justicia, ese carácter sacramental, purificador, a la rebeldía. Esa catarsis anotó para España el rasgo histórico de su victoria sobre el invasor, y ese desdén cultural, si bien manipulado, borró aquel vestigio de genio y lo suplió tras la quiebra del espíritu del 1.812, por la tradicional esclavitud moral y semifísica de las masas.

A través de la cultura política se supieron modificar conceptos como el mismo de servicio público, que sólo en la segunda mitad del siglo se aplicó a la educación nacional. La autoridad del Estado se consolida, sobre universidades y escuelas, por las ordenanzas de 1.807 y 1.809 tras la expulsión de la S.J, una Real Orden de 5 de octubre de 1.767 da instrucciones para la confiscación de sus bienes, y traduce la voluntad del gobierno de atender la enseñanza, reorganiza el Seminario de nobles, y, en 1.770, funda los Reales Estudios de San Isidro, ambos en Madrid. Carlos III y sus ministros trabajan activamente en sus reformas. Las preocupaciones científicas y los afanes de organización en general se destacan en esta y otras grandes ciudades. Pero la eclosión política, en su manifestación reseña de representatividad nacional, tiene uno de sus pilares indiscutibles en la gesta de Cádiz. Las posibles soluciones a los problemas sociales “sirven, como la disertación de Antillón ante la Academia de derecho de Madrid, a finales de siglo, a favor de los negros, de punto de partida para los debates de las Cortes de Cádiz, que en la sesión solemne del 2 de abril de 1.811 acabaron por romper los grillos de la esclavitud bárbara. “La pragmática de 19 de septiembre de 1.783 reintegra a los gitanos a la vida civil, declara que no pertenecen a una raza infecta, autoriza su admisión en los gremios y prohíbe a los demás españoles llamarlos “gitanos o cristianos nuevos”, derechos que, aunque por poco tiempo tendrían igualmente los judíos en 1.788. Volverán la Inquisición y la inquinidad. Pero ahí consta el ejemplo. ¿Y qué sucede con el debate sobre el régimen político?. La Junta Central se dispone, en Sevilla, a formar el Gobierno de la Nación, en ausencia del rey. Que la soberanía radicará en el Monarca lo confirma Jovellanos en su “consulta sobre la convocación de las Cortes por Estamentos”: “Es una herejía política decir que una nación cuya institución es completamente monárquica es soberana, o atribuirle las funciones de la Soberanía…” A lo lejos, resuena la voz discordante del mejicano Santiago Felipe Puglia autor de un opúsculo, publicado en 1.974. “El desengaño del Hombre”, contra la monarquía absoluta española. Vendrán luego las polémicas relacionadas con el juramento acatando la autoridad de las Cortes… Se aclara que España ha contado siempre con concilios y Cortes que pedían cuentas a un Soberano… no despótico. El mismo Jovellanos, siguiendo las referencias de las “Instituciones del Derecho civil de Castilla” de los doctores Asso y Manuel, 1.771, recuerda, en su discurso de recepción en la Academia, en 1.780, que la soberanía real ha estado siempre frenada por las Cortes en sus prerrogativas ejecutivas y legislativas. (Más tarde, algún Decreto de Fernando VII iba a ser ignorado por venir sin refrendo de Ministro).

Sin embargo, olvida la tendenciosa memoria de los Borbones en el XVIII para convocar Cortes: sólo para asistir al juramento de los nuevos monarcas, a los cuales debían, a su vez jurar fidelidad. Para ello se reunieron en julio de 1.760 las Cortes de Madrid, con ocasión de la solemne entrada de Carlos III en la capital, y en 1.789, las que reconocieron al hijo de Carlos IV, el futuro Fernando VII, de triste recordación (cifr. Ferrer del Río, en su Historia del reinado de Carlos III).

Las Cortes se ocupan posteriormente, sobre todo, de cuestiones económicas, si bien, en el salón de Reinos, donde se reunían los diputados, llegaron a resonar ciertos ecos de la Asamblea Constituyente Francesa”, como recoge Sarrailh de Salcedo Ruiz, en “La Época de Goya”. Las Instituciones pues, mantuvieron, frente a una minoritaria, aunque activa, ilustración, sus posiciones absolutistas. Poco hicieron los ilustrados anteriores a la fecha revolucionaria de 1.789 para mantener las prerrogativas esenciales de las Cortes en materia de Impuestos y en su consulta en situaciones “graves y arduas”, que les reconocían la primera y segunda ley del título VII de la nueva Recopilación. Y ello es así por cuanto estas leyes se omitieron en la Novísima recopilación. Sólo los ciudadanos de Cádiz, y conspicuamente Martínez Marina –en su “Juicio Crítico de la Novísima Recopilación” y Argüelles –que calificó, esta omisión de “escandalosa superchería” –protestaban por ello. Ni siquiera Jovellanos, quien “recomienda” el respeto a los fueros, magnífico representante de la “minoría ilustrada” habla del despotismo o absolutismo, y, en general, el concepto es de permanencia en una monarquía moderada y casi liberal”. Esto si puede, aunque sólo en parte. Aceptase de Carlos III, hombre consagrado al negocio público. En su época, el Consejo de Castilla, órgano de fundamental importancia en la vida política y administrativa española, está presidido por el Conde de Aranda, famoso desde la campaña de Portugal de 1.702, y artífice de la expulsión de los jesuitas, por considerarlos cómplices en el Motín de Esquilache, organizado para reinstalar en el poder al marqués de la Ensenada, según muestra Ferrer del Río. Con Floridablanca y Campomanes forma el trío más destacada de la Institución, siendo estos dos inicialmente fiscales del mismo Consejo. De su época cabe señalar un orden institucional de la agitación de sus personas. Sólo más adelante brotará el ansia de un gobierno más liberal, En 1.780, incluso se apoya a Carlos III en la defensa de las “regalías” queriendo separar las dos espadas: el dominio del Pontífice y del Rey. De esta época 1.702 procede la institución del ejecutor regio. Si bien el mismo Carlos III suspendió poco después su vigencia.

Esta corriente regalista alcanza su punto más destacado en las Cortes de Cádiz, a partir de la última década del XVIII. Jovellanos critica duramente las lecciones canónicas, aludiendo a que “la defensa de los privilegios eclesiásticos vino a suscitar, desde el siglo VI, no pocas supercherías… “según cita de Fournier en su “Historia de Collections Canoniques en Occident”. Ya al borde del siglo, el 5 de septiembre de 1.799, el rey Carlos IV publica un Decreto, vacante la Sede Papal tras la muerte de Pío VI, en el que invita a los obispos españoles a que “usen de toda la plenitud de sus facultades, conforme a la antigua disciplina de la Iglesia. Es un paroxismo de la “doctrina episcopalista”, tal vez en apoyo de aquel afán por disminuir la autoridad del Papa en asuntos políticos, es decir, un corolario de regalismo que sostienen Universidades, Sociedades Económicas, Magistrados y parte del alto clero. De todo ello cabe destacar, como anticipara el padre Isla, veinte años antes de la reunión, en Francia de los Estados Generales, que a su vez, precedieron en otros tantos a las Cortes de Cádiz, que del regalismo se pasó a la república, al otro lado de los Pirineos, y no sucedió en España entonces tal vez porque el Parlamento español no fue tan audad como las Asambleas Revolucionarias Francesas. La correspondencia del Conde Fernán Núñez, embajador en Paris con Floridablanca, y las transcripciones de los sucesos y comentarios de aquellos y Carlos IV, son reveladoras de una cierta lejanía de las Instituciones, En España respecto a la realidad política; se tomen medidas para proteger al país del contagio de la Revolución prohibiendo, por Real Orden, que los oficiales y los diarios hablen de Francia. Puerilidad que estorba la aceptación de una cierta calidad cultural en el Gobierno, y evidencia un desdén por la libertad. El despotismo toma siempre, aunque sea rutinario y, por su adscripción a la persona que detente la institución, blando, la pérdida de su poder, y arrastre a la arbitrariedad en las decisiones. Así sucedió en la España coetánea con la revolución, y, una vez más, la opinión pública demostró la madurez de un interés por la vida frente a las actitudes medrosas de la Corte y los cortesanos. Pero no hay ejemplo, a las ideas de la Asamblea Constituyente, imputando la responsabilidad de sus posteriores excesos a Luis XVI y sus gobiernos. Con la guerra nace un inicial entusiasmo popular que a poco se deteriora, llega el horror y, en España, tras los escándalos de Godoy y María Luisa, comienza a borrar de un lado, el peso de las instituciones, nublando la historia o aclarándola, según las perspectivas, y, de otra, despertando el sentimiento de libertad que mostrará al mundo –incluso a través de la alianza entre la República Francesa y los Borbones- un modelo de creación política, preludio del gran ensayo de las Cortes de Cádiz.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

TEXTOS CONSTITUCIONALES.

Historia de la literatura política en España.

(Referencia a transcripciones -1.925-Reus-R.F. de Velasco)

España bajo los Borbones, Labor 5ª edición Pío Zabala y Lera.

La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo WVIII F.C.E.1.957, ED. 1.974, Jean Sarrailh.

NEW CAMBRIDGE MODERN HISTORY, ed. Española Sopena.

TEXTOS CITADOS EN LA COMUNICACIÓN, Artículos y notas.

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