América, esa España lejana. (3).

III

Cuando las Cortes de Cádiz…

“Viva el rey Filósofo

viva el rey prudente

y toda la gente

acate su ley”

TALLERES Y CAFÉS

Una de las características culturales más reveladoras de la circunstancia político-histórica de los años que bordean la Constitución de 1.812, es la organización de sociedades secretas, en particular la masonería, y los círculos intelectuales o activistas reunidos en los cafés. Ya anota Menéndez y Pelayo, en su historia de los heterodoxos españoles, cómo la francmasonería pasa de los franceses a los afrancesados, y de éstos a los liberales, si bien su mayor importancia llega en 1.814, por la “necesidad de conspirar a sombra de tejado”. Después de esta fecha constan procesos inquisitoriales contra varios “hermanos” de diferentes logias.

De entonces data la existencia de “talleres de caballeros Rosa-Cruz, y otros, como es de La Estrella, pertenecientes al rito escocés. De ahí proviene la organización del Gran Oriente de España y de las Indias, al que “negaron obediencia las logias establecidas en los puertos independientes, entendiéndose directamente con Inglaterra, bajo cuyos auspicios se había inaugurado el Gran Oriente portugués, en 1.805”. En  una de las logias francesa, la de Sevilla, que funcionó de 1.810 a 1.812 en el edificio de la Inquisición, leyó Alberto Lista, su “oda masónica” –como dice el polígrafo- EL TRIUNFO DE LA TOLERANCIA.

Según cita el Padre Salmerón, siete fueron las logias o escuelas establecidas por los invasores, si bien por el número de las que constan sólo en Madrid, parece que debieron ser más. En Cádiz había dos conocidas, una de las cuales era más afecta a José que al Gobierno de las Cortes”. Cuando el “rey intruso” ideó permanecer como rey, al margen de las dictadas decisiones del caprichoso emperador francés, lo hizo respaldado por los elementos de las logias afectas. Napoleón urdía el desmembramiento de España, anexionando a Francia los territorios que llegan desde la frontera, al Ebro, y dividir la península en virreinatos para sus mariscales. Estos planes excluían a José, su hermano, por lo que hubo de prepararse, con el apoyo citado, una comisión, presentada en 1.811, en Cádiz, por el Canónigo de Burgos, Tomás la Peña, que expuso ante las Cortes la pretensión del hermano de Napoleón. Las Cortes de Cádiz, “a quien esto y en otras cosas fuera injusticia negar el título de grandes” se negó a cualquier apaño que estorbara su soberanía y la corona de “El Deseado”.

De todo ello y como he apuntado, de disposiciones anteriores de la Junta Central –como la suspensión de la enajenación de bienes de manos muertas, comenzada en tiempos de “El Príncipe de la Paz”, o la permisión del retorno de los jesuitas a España como clérigos seculares y otras ya reseñadas –se deduce la firmeza del concepto asumido de representación nacional; procedía ello de una aceptación unánime de las Ventajas de esa Tradición, ajustada principalmente a los antiguos usos y libertades de Castilla y Aragón. Menéndez y Pelayo apunta que un siglo de absolutismo glorioso y de política extranjera y otro siglo de absolutismo inepto habían hecho perder toda memoria de la antigua organización política… “y era sueño pensar que en un día había de levantarse del sepulcro y que con los mismos nombres habían de renacer las mismas cosas, asemejándose en algo las Cortes de Cádiz a las antiguas Cortes de Castilla.”

Obvio es que las ideas que entroncaron la mente colectiva de los constituyentes fueran las del S. XVIII, con esas especiales distorsiones que un acontecimiento tan singular  como la invasión napoleónica impuso. La carga histórica de una política frustrante par aun sentido nacional digno, significaba en los malos reyes o peores gobiernos habidos, hizo aún más extravagante el contenido cultural de los españoles ilustrados. Y la ausencia, larga en el tiempo, de la institución motriz del reino, en la persona del Secuestrado, orientó además, ese pensamiento hacia s forma más eficaz, circunstancialmente, las leyes. Des este modo, se regulaba la vida social, y se definía la autoridad de aquella institución de quien la norma emanaba. El enciclopedismo aislado sirvió, junto con otros módulos de Ilustración para singularizar intervenciones y definir posturas. La conclusión general, no obstante, es que la cultura política se vió orientada por la necesidad de protagonismo institucional. Consolidadas las instituciones se sustituyó la tensión que una laguna tan formidable suponía en la vida del país, por una cierta euforia, que iba a cuidar con esmero las normas, trazadas desde el esquema inicial a la formulación específica de la Constitución, su desarrollo para ampliar ejemplarmente su estructura y su aplicación. Como todas las experiencias que la España le han anticipado a un tiempo histórico no tasado por los dominadores -internos o externos-, ésta también se desarrolló de forma confusa y contradictoria, más allá de su fracaso. De los sucesos que hemos narrado. Alguno de los cuales tuvieron lugar ya desde el primer momento de la instalación de las Cortes “Generales y Extraordinarias”, se deduce la permanencia de tradiciones regalistas –cuyo más notorio ejemplo radica en la negativa del regente-obispo, Pedro de Quevedo y Quintano, empeñado en que las Cortes sólo eran soberanas juntamente con el rey” – la influencia de los conceptos, basados en los mecanismo liberadores de la Revolución Francesa, que el corso invasor no pudo extirpar, aunque lo hiciera más tarde el rey Deseado, y la definitiva expresión política de partidos debatiendo en el foro adecuando sus ideas. Obispos, Inquisición, Universidades eran citados como entes de necesaria consulta en decisiones que se suponían trascendentales, no por sí mismas tan sólo, sino por la quiebra que en una cierta idea de Estado y Sociedad pudieran imponer; así sucedió con la libertad de imprenta, símbolo para unos de prosperidad y como lucha frente a la ignorancia y el despotismo, y para otros, irreconciliable con e dogma católico “en que reside la inmutable verdad”, o frente de difamación y calumnia. Nada hay más relevante que las transcripciones que nos llegan de los discursos entonces pronunciados, y que recoge Toreno en “Guerra y Revolución” y la colección de los Decretos y Órdenes de las Cortes, para conocer el entorno cultural político del tiempo; sucede con los “Diarios de Sesiones, reflejo, a través de los parlamentarios de los pensamientos y preocupaciones de la sociedad. La influencia del eclesiástico quedó, pese a las apariencias, patentizado en lo que constituiría la más formal expresión constitucional: su propio texto. La ilusión constitucional llegó, claro es, a idealizar los cauces de esa relación del hombre con Dios, que se llama religión, pero también, la de 1812 señaló que “la nación española profesaba la religión católica, apostólica, romana, única verdadera, con exclusión de cualquier otra.” Como no pareciera suficiente, se agregó aquel párrafo de Inguanzo: “que el catolicismo sería permanentemente la religión de los españoles, prohibiéndose en absoluto el ejercicio de cualquier otra”. Además, “la nación protege el catolicismo por leyes sabias y justas.” Todo ello daba al traste, de forma paradójica, que como cabe deducir de la proclamación de la libertad de imprenta y en vísperas de abolir la unidad de culto, el proyecto de 1809, presentado por Álvaro Flórez Estrada de la Junta Central de Sevilla, y que proponía que “ningún ciudadano fuese incomodado en su religión, sea la que quiera.” Paradoja sólo explicable merced a la peculiar “manera” de cultura política de los constituyentes, receptores de las influencias sociales de la Iglesia, aunque por otro lado, utilizaron alguna de estas expresiones constitucionales, como la dirección de los asuntos religiosos por sabias y justas leyes, para apoyar la abolición del “Santo Oficio”.

El deseo latente de manifestar lo que el despotismo había prohibido, se dedujo en una eclosión desmesurada de publicaciones. Títulos como “El Duende de los Cafés”, “El Revisor Político”, El Robespierre español”, “El Tribuno Español”, se enfrentaban a “El Procurador General de la Nación y del Rey”, “El Centinela de la Patria”, “El Censor General” o “El Observador”, que defendían el absolutismo, y no es de extrañar la disputa, pues uno de aquellos “El Tribuno Español”, anotaba en su número de salida: “Ninguna víctima hay más grata a Dios que la del Tirano”. Polémica que perduraría años con más virulencia expresiva que aportación de argumentos sólidos, sobre todo en los aspectos que afectaban al dogma y su relación con la forma política de Gobierno y el derecho de legislar con o sin sanción del “Príncipe”.

Cierto es que el momento histórico era idóneo para construir un nuevo edifico jurídico, basado en la renovación política que se imponía. Por ello, un mérito indirecto cabe, como se acostumbra, a la represión y es el de provocar la unión de fuerzas en pro de un objetivo de libertad. En España ello no se alcanzó con homogeneidad ni intensidad suficiente, y ello debilitó el edificio, un tanto utópico, de la Constitución. Fue el principal culpable la falta de sentido del Estado, y un cierto desajuste entre la élite constituyente y el pueblo. La disparidad de acción entre los parlamentarios y sus representados constituye un lugar común de la Historia. Sin embargo, los liberales de Cádiz actuaron con auténtico valor clarividencial, exponiéndose, como se vió más tarde, a la represión y así, excluyendo a los defensores de la plutocracia y el despotismo, representaban con mayor dignidad, aunque este lo ignorase, al pueblo. La cultura política estuvo, en esta ocasión, por encima de las circunstancias. La guerra entre los dos bandos irreconciliables que Menéndez y Pelayo arguye como consecuencia de las reformas de las Cortes fue, si cabe, la fisura necesaria entre un Estado caduco y otro moderno que, lamentablemente, quedó frustrad con el regreso del rey, y la ayuda en su política de los detentadores del poder fáctico, tantas veces destructor de la cultura.

No era, desde luego, culto, el mecanismo de exclusión urdido por unos y otros. Pero de todo ello quedó el símbolo. Y no es de extrañar que muchas de las exposiciones en defensa o justificación del “contrato social”, los jurados, y la intervención del pueblo en la formación de las leyes recuerden las Ideas centenarias de la ciencia política.

Al fin y al cabo, hoy, casi 200 años después, sucede lo mismo, y se habla como si Aristóteles o Crocio no hubieran escrito nunca.

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