América, esa España lejana. (2).

II – LAS INSTITUCIONES ENTRE EL MIEDO Y EL GENIO.

Génesis y desarrollo de la cultura política


En nuestra época, próxima a fenómenos que presentan caracteres paradójicos: la contracultura, como estadio singular de la evolución social; la apatía emanada del descrédito que los gestores políticos y sociales dejan como casi exclusivo patrimonio; la nueva gesta, que como el cantar se alza en los mass media, glorificadores de héroes; los centros intelectuales, promotores de congresos donde se rememoran o establecen paradigmas…es preciso intentar definir de qué estamos hablando.

No me atreveré yo a hacerlo como experto, sino al contrario: como diletante ¿Por qué? Porque mi condición, certera o no, es que la cultura es un modo de ver la vida y sus cosas, y que, también, “la culture c’est comme la confiture, moin on y a, plus on l’etable”. Esto de ostentar como si mucho se tuviera lo censura ya el refrán; “Dime de que presumes…” Hablamos de muchas culturas y se le ponen nombres: “cultura etnológica, “cultura crítica”, “industria in cultura”,…¿significan algo los nombres? Antes de que Umberto Eco hiciera famosos los símbolos, la semiótica, Borges había escrito, en uno de sus sonetos:

Si como dice el griego en el Crítilo el nombre es arquetipo de la cosa,

en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo es la palabra Nilo

Pero ello no excusa la censura al capricho, y a la inexactitud, tampoco implica la verdad o la identificación del término con su contenido.

De la logomaquia al nominalismo tal vez haya que poder por la nada. Y para evitarlo, es preciso al menos conocer hasta qué punto es importante distinguir. Cuando el Collége de France envió en 1.985 al Presidente de la República, sus Propositions pour l’enseignemente de l’avenir, defendía la unidad de la ciencia y la pluralidad de las culturas. ¿Quiere esto decir que también la cultura es algo relativo? En cierto modo, como también, la cultura es algo relativo lo es el saber y la ciencia? De ella, dicen que es una de firmes cimientos ¿lo es?

Se ha demostrado que lo que llamamos ciencia es tan relativo como lo que llamamos cultura. Lo que, por otro lado, en nada turba su excelencia. El errar es confundir lo relativo, que admite y exige la crítica, con la oportunidad que determinadas estructuras sociales y políticas, por tanto, dan a lo vulgar, lo turbio, lo estúpido, para competir ventajosamente. Es decir, para ganar la batalla de lo promiscuo. La cultura no es ostentosa, pero sí selectiva. No en el número, al menos como principio de los elegidos, sino en su calidad. Los que abogan por la normalización cultural marginada sin brillantez de la crítica, son heraldos de unfarenheit 451, aunque lo ignoren. Pero no es el mercado quien reprime o extirpa las conciencias: son los poseedores de conciencias frágiles, sumamente venales, que ocupan esos puestos más o menos encumbrados, a través de los cuales se maneja el mundo. Es un error considerar la demanda de cultura como algo ajeno a la oferta. El problema de nuestro país ha sido y es un problema de cultura. Y por acertar una supuesta demanda cultural, ínfima, se le forma parte del engendro. Los decisores sociales, una cierta especie de dirigentes de opinión. Se extinguirán cuando la oferta cultural supere en calidad y cantidad a la demanda el nuevo mercado contradirá las leyes del antiguo, porque el individuo pensará y decidirá críticamente, cultamente.

¿Cómo era esa cultura política en la época de las cortes de 1812? ¿Cuáles eran las instituciones imperantes? ¿Cómo funcionaban? Recordamos que en la organización de la resistencia a invasor francés por las juntas provinciales había predominado el espíritu religioso. La Junta Central desde su comienzo en 25 de septiembre de 1808, en Aranjuez, manifestó las tensiones político-culturales de sus componentes.

Desde los primeros momentos, la Junta Central encontró oposición en el Consejo de Castilla. No era extraño, pues el Alto Tribunal juzgaba ilegales las juntas Provinciales, cuya extinción proponía, así como la convocatoria de Cortes para nombrar regente. Sin embargo, en las fechas críticas de agosto de 1.808 se había dirigido a estos organismos cuya ilegalidad propugnaba, manifestando su deseo de que el Gobierno se “arreglase por diputados de las Juntas, reunidos al mismo Consejo”*. La misma idea de convocar Cortes y construir regencia la propuso Jovellanos**, dentro de la Junta Central, a la razón presidida por el Conde de Floridablanca, con 35 vocales-representantes y para cuyo pleno se adoptó el tratamiento de majestad, simbolizando así la monarquía cuyo gobierno sustituía.

En noviembre del mismo 1.808, un mes después Napoleón cruza el Bidasoa y avanza sobre Madrid. Ello obliga a un cambio de residencia y la Junta Central se dirige a Badajoz, si bien, llegando a Trujillo, modifica su decisión y se traslada a Sevilla.

Ya en 1.809, en plena guerra, el 19 de Noviembre, la derrota de Ocaña abrió Andalucía al Invasor, y en 1.810, tras la caída de Granada y Málaga, entra José I en Sevilla, el 1º de Febrero y puso sitio a Cádiz. En esta ciudad el Duque de Alburquerque había organizado una eficaz defensa. Ya en los primeros días de enero de este 1.810, la Central se había refugiado en la isla del León, huyendo, no sólo de Bonaparte, sino de quienes les achacaban los desdichados rumbos de la guerra.

Tras abandonar los Centrales de la ciudad, se constituyó en Sevilla la antigua Junta Suprema. También Cádiz creó su Gobierno independiente. A la vista de ello, la Junta Central cedió su poder a un regencia compuesta por cinco individuos, a saber: el Obispo de Orense, Pedro de Quevedo; el Ministro y Consejero de Estado, Francisco Saavedra; el Capitán General, Francisco Javier Castaños; el Ministro de Marina, Antonio Escaño; y el Consejo de España e Indias, Esteban Fernández de León, que fue sustituido, por hallarse muy enfermo, por Miguel de Lardiazabal. El 29 de Mayo todos los miembros de esta regencia estaban en Cádiz.

Magna había sido la tarea de la Junta para la construcción de un cuerpo legal que dirigiera la orfandad política de la Nación.

Como Floridablanca murió poco después de su instalación en Sevilla, los partidarios de la convocatoria a Cortes, una vez desaparecido el principal enemigo a la limitación del poder real por el popular, plantearon como cuestión prioritaria aquella convocatoria. Es cierto que apoyaba su idea la explícita declaración de Fernando VII, quien desde Bayona había expedido un Decreto, fechado el 5 de mayo, dirigido al Consejo Real, o en su defecto, a cualquier Chancillería o Audiencia, en el que, por su privación de libertad, declaraba como “su real voluntad que se convocasen las Cortes…para atender a la defensa del Reino, y que quedasen permanentes para los demás que pudiera ocurrir.” Este proyecto de congregar a los representantes de la nación no modificaba la tesis de Fernando acerca de la limitación de actuación de las Cortes a la defensa del territorio y la restauración de los antiguos usos, Fueros y costumbres, en tanto en contraste con Calvo de Pozas y quienes opinaban que se hací urgentísimo informar al país de que la lucha por la independencia debería implicar el establecimiento de un régimen constitucional que consagraba los derechos del ciudadano, como había reclamado la inicial revolución de Francia. Y ese espíritu engendró el que había de representar el de 1.812.

Jovellanos, tras el planteamiento de Calvo de Rozas para la convocatoria a Cortes, en abril de 1.809, y una vez señalado el primer día de 1.810 para ello, consiguió que por la Junta Central se acordara el llamamiento por brazos (nobleza, clero y pueblo), y la división en dos cámaras: la Alta o aristocrática y la Baja o popular. Todo este esfuerzo fue atacado por el consejo de España e Indias, al impugnar la autoridad de las Juntas Supremas y la Central, y proponiendo una Regencia, como igualmente hizo, en el mismo 1.809, la Junta de Valencia. Este Proyecto entró en la misma Junta Central, al proponerlo su vocal Francisco Palafox, y poco más tarde, el marqués de la Romana. No obstante, lo cual, una comisión Ejecutiva establecida por la Junta Central comenzó sus actuaciones a fines de 1.809, y a su través quedó definitivamente fijada la fecha de convocatoria de Cortes para 1º de enero de 1810, y el 1º de marzo para el comienzo de sus funciones.

Tras el ya descrito confusionismo que después de la invasión de Andalucía por los ejércitos de José Bonaparte se produjo, la Junta cedió su poder en la regencia de cinco miembros, para cuyo mejor funcionamiento aprobó un reglamento en el que se obligaba a la protección de la libertad de impuestos, hasta la proposición a las nuevas cortes de una ley Fundamental sobre la materia. En un Decreto de 29 de enero disponía que la celebración de Cortes anunciada para 1º de marzo “sería el primer ciudadano de la Regencia, si la defensa del reino, en que desde luego debe ocuparse lo permitiese. También disponía las convocatorias individuales a arzobispos y obispos y a los grandes de España. Las provincias de Ultramar estarían representadas por diputados suplentes, como las provincias en territorios ocupados por el Invasor. Las cortes se dividirían en dos estamentos: popular y de dignidades.

La regencia, tras pactar con la Junta de Cádiz el hacerse cargo de las rentas de la Corona, asumió las cargas públicas y judiciales del Gobierno y el mantenimiento de la resistencia y los ejércitos, con lo que se centralizaba la administración efectiva. Sin embargo, por diversas circunstancias, esta decisión no resultó demasiado eficaz.

La renovación de la organización política española que había de ser el destino de aquéllas Cortes de Cádiz, sufrió aún demoras. Previsiblemente por el desagrado con que los regentes aceptaron la obligación de reunir Cortes, excusaron su urgencia alegando ignorancia respecto a los acuerdos definitivos de la Junta Central sobre la convocatoria por brazos o estamentos, conjunta o separada. En junio de 1.810, varios diputados representados por Guillermo Hualde y el Conde de Toreno, solicitaban la inmediata reunión de la representación nacional, extremo confirmado igualmente por la Junta de Cádiz. La regencia evacuó consultas, entonces simplemente dilatorias al Consejo de Estado y al Consejo de España e Indias. Finalmente, se acodó convocar sin distinción de brazos –decisión contraria al carácter conservador del órgano del que dimanaba el acuerdo- y la reunión, por tanto, en una sola cámara.

Habría 23 representantes suplentes por las provincias ocupadas, y 30 por América, cuyos poderes, como los del resto de los diputados, habrían de ser revisados por una comisión de cinco de ellos previamente controlados por la Regencia.

El día 24 de septiembre de 1.810, los 105 diputados salieron del Palacio de la Regencia, en la ciudad de San Fernando. En la Iglesia de la Isla, hicieron solemne juramento de conservar la religión católica y la integridad de la canción española, los derechos de Fernando VII y sus sucesores y guardar las leyes de España, sin perjuicio de altera, modelar y variar a aquellos que exigiese el bien de la nación”.

Siguiendo la tradición histórico-religiosa, de invocación Ceremonial, entonaron el Veni Sancto Spiritu y el Te Deum, tras lo que pasaron al Salón de Sesiones del teatro de la Isla, habilitado para tan solemne representación. El primer acto consistió en el discurso del obispo de Orense, tras el que cedió al alto discernimiento y luces de las Cortes la elección y nombramiento de presidente y secretarios de aquél Augusto Congreso. La regencia abandonó el estrado depositando sobre la mesa su dimisión. Las Cortes eligieron como Presidente a Ramón Lázaro De Dou, y como secretario a Evaristo Pérez de Castro. Luego, el antiguo Rector de SALAMANACA Y DIPUTADO POR Extremadura, Diego Muñoz Tomero pronunció el Discurso que originó el Decreto de 24 de septiembre. Esta primera disposición Legislativa, emanada de su autoridad otorgaba y reconocía que en las Cortes residía la soberanía nacional, jurando a Fernando VII como único y legítimo rey. La renuncia hecha en favor de Napoleón se reputaba nula. Los poderes del Estado, separados, se asignaban a las Cortes –el legislativo- y a la regencia –el ejecutivo. Quedaba establecida la inviolabilidad de sus representantes y confirmados todos los tribunales y justicias del reino, y todas las autoridades.

De estos primeros movimientos asamblearios y de las reacciones que respecto a los nuevos órganos de decisión se produjeron cabe deducir aún ciertas irregularidades respecto a las estructuras institucionales y la cultura política del momento. Así el concepto de Soberanía Nacional, atribuido a las Cortes por su propia autoridad, no fue aceptado por el Obispo de Orense, miembro de la Regencia, quien se negó a prestar el consabido juramento, renunciando a sus cargos de regente y diputado.

Cuando, cuatro meses más tarde, tras la instrucción de causa en su contra y otros incidentes, lo prestó  “lisa y llanamente”, a nadie se le ocultó la reversa mental, con que lo hacía y que había de reproducir el conflicto un año después, más agudamente. Hasta el 20 de febrero de 1.811, fecha en que las Cortes funcionaban en la Isla del León, se dictaron disposiciones por las que se asignaban a las Cortes el tratamiento de Majestad, y de Alteza, a la Regencia y los Tribunales Supremos se reconoció al ejecutivo las facultades necesarias para la defensa, seguridad y administración del Estado, ordenándose, así al principio informador constitucional, sobre la materia.

La disminución del prolíficamente normativo mes de septiembre de 1.810 prohibía a los diputados durante el tiempo de su ejercicio y un año después, solicitar, ni admitir por sí, ni por persona alguna, empleo, pensión, gracia, merced ni condecoración de la potestad ejecutiva”. Este ejemplo de ordenación de la ética política sólo se ha traslucido muy parcialmente en la herencia moral de los contemporáneos, y refleja el espíritu de la nueva era instituida. Como lo fue al margen de la idea imperial, y de la autorización de nacionalidades, la confirmación del “inconcluso concepto de que los dominios españoles en ambos hemisferios habían de formar una sola y misma Monarquía, una sola y misma Nación, y una sola Familia”, consecuencia de lo cual seria la igualdad, de derechos para los naturales de la Península y los dominios europeos o ultramarinos. El 10 de noviembre se publicó el Decreto sobre libertad de imprenta. Este interesante proyecto declaraba la libertad de todos para escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión y aprobación anteriores. N os e suprime, por obvios motivos, el delito de imprenta, para juzgar los cuales se instituyeron Juntas de Censura. La discusión de este proyecto fue decisiva para definir las agrupaciones políticas de la Asamblea y para distinguir desde entonces a los reformistas, o liberales de los anti-reformista o serviles, como los llamó D. Eugenio Tapia, agravando la denominación con la separación silábica: ser-vil. El centro lo ocupaba el partido americano, liderado por José Mejía.

El año de 1.811, tras ver aprobado el reglamento de régimen interior de las Cortes, comenzó con un Decreto en que “se declaraba nulo todo acto, tratado convenio o transacción que otorgare el Rey mientras permaneciera falto de libertad ó confirmando así las plenas soberanía que representaban. En el mismo mes de enero dictó un reglamento provisional del poder ejecutivo, lo que ratifica la tendencia de las Cortes a invadir las esferas propias de los demás poderes, que había suscitado la renuncia, en octubre de 1.810, de la primera regencia.

En febrero, se decretó la igualdad de americanos y peninsulares en el derecho de representación en las Cortes y el de poder optar a toda clase de empleos, destinos. Pocos días después, el 20, se celebró en la Isla la última sesión y el día 24, tuvo lugar la primera, ya en la ciudad de Cádiz, aposentándose los futuros constituyentes en la Iglesia de San Felipe Neri.

Antes de la discusión del artículo constitucional, que duró de Agosto de 1.811 a Marzo de 1.812, cuyo día 18 se promulgó, se había constituido la comisión presidida por Muñoz Torrero, el 2 de marzo de 1.811. Aparte del trabajo redactor de esta comisión, hubo antes y después de las “fechas constitucionales”, y hasta el 14 de septiembre de 1.813, en que terminó la actuación de las Cortes extraordinarias de Cádiz, un curioso número de decretos y órdenes emanados de la Asamblea Constituyente. El mismo mes de Agosto de 1.811 conoció el Decreto por el que se incorporaban a la Nación todos los señoríos jurisdiccionales y quedaban abolidos los dictados del vasallo y vasallaje, lo que era de esperar como reacción frente a la experiencia de vasallaje por el invasor.

En la misma fecha se suprimirán las pruebas de pobreza para el ingreso en las Academias y colegios militares. Tanto había probado su valor aquella facción no aristocrática del país, frente al deterioro y afrancesamiento de la nobleza, que esta decisión, más que espíritu democratizador manifestaba el reconocimiento de los hechos y la rectificación de lo que se consideraba idóneo. Y de entonces data el primer presupuesto español de Estado, cuyos gastos e ingresos se sometían al Control de la Asamblea.

A partir de este momento, la Constitución de 1.812, que en tantos puntos refundiría estas normas, habría de atraer, por méritos propios, la atención y el interés de la política y la cultura, combatida, como suele, por los elementos antirreformistas suscitadotes del absolutismo anticonstitucional, apoyado por el delirio de un pueblo ajeno a su propio interés, veleidoso y manipulable. Y sobre todo, despreciado por un Rey, Fernando VII, cuya indignidad sólo pudo ser soportada por adláteres no mucho más dignos, y cuyo juramento tardío no fue más sincero que el del ya desterrado obispo de Orense.

La Historia de España, desde entonces, se entristece por el deterioro de la auténtica cultura política, sustituida por el interés y el medro. La fluctuación solidaria iniciada por las constituyentes de los años anteriores se quebró y casi hasta la fecha de aquel fracaso, urdido a medias por malas leyes y peores gobiernos, se derivó la crisis cultural de España, hecho que confirma una tesis poco baladí: de los excesos y la intemperancia política nace la reacción liberal, pero esta reducida minoría carece de la fuerza que sólo la organización del Estado posee para elevar la cultura del pueblo, y con ella, su dignidad.


* PÍO ZABALA.- “España bajo los Borbones”, pág. 235.- Labor 1.955. ()ª Edición).-

** A.H.N. Papeles de la Junta Central…y Memoria en defensa de la Junta Central” …Jovellanos (BAE).

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s


A %d blogueros les gusta esto: